Morena y los indígenas purépechas en Michoacán: del abrazo político al gas lacrimógeno

El 17 de mayo de 2026 fueron asesinados dos guardias comunales indígenas purépechas de Sevina, comunidad del municipio de Nahuatzen, Michoacán. 

Ocho días después, el 25 de mayo, comuneros indígenas de distintas comunidades irrumpieron en Casa Michoacán para exigir justicia, seguridad y el fin de la violencia criminal que desde hace años consume la Meseta Purépecha. 

La respuesta del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, de Morena, no fue diálogo ni soluciones inmediatas: fue gas lacrimógeno, balas de goma y represión.

La escena terminó por desnudar una contradicción cada vez más evidente dentro de la llamada Cuarta Transformación. 

Morena construyó buena parte de su legitimidad política asegurando que sería un gobierno cercano a los pueblos indígenas, distinto a los regímenes que históricamente criminalizaron la protesta social. 

Pero en Michoacán, cuando indígenas purépechas salieron a reclamar justicia por sus muertos, recibieron el mismo trato que durante décadas se criticó desde la oposición.

Los comuneros de Sevina no protestaban por privilegios ni cuotas de poder. 

Protestaban porque el crimen organizado continúa avanzando sobre territorios indígenas mientras el Estado parece incapaz de garantizar seguridad elemental. 

La existencia misma de guardias comunales indígenas es una evidencia del vacío institucional: comunidades obligadas a organizar su propia defensa porque las autoridades no han logrado contener la violencia.

El problema para Bedolla no es únicamente el operativo policiaco del 25 de mayo. 

El verdadero costo político está en el simbolismo de las imágenes: indígenas purépechas enfrentando gases lacrimógenos bajo un gobierno que presume humanismo y cercanía con los sectores históricamente marginados. 

La narrativa oficial se fractura cuando el aparato estatal actúa más rápido para dispersar manifestaciones que para impedir asesinatos.

La crisis de Sevina también exhibe una realidad incómoda para Morena: gobernar implica administrar conflictos que antes solo denunciaba. 

Y en esa transición, muchos gobiernos de la “transformación” han terminado pareciéndose demasiado a aquello que prometieron combatir.

Mientras las comunidades indígenas entierran a sus guardias comunales, el gobierno responde con control policiaco. 

Y cuando un movimiento que llegó al poder hablando de justicia social termina lanzando gas lacrimógeno contra indígenas que exigen seguridad y justicia, lo que se desgasta no es solo un gobernador, sino la credibilidad completa de un proyecto político que prometió ser diferente.