Salomón Jara declaró no saber de la detención de Macario García Merino, líder del MULTI

En Oaxaca, el problema ya no es solamente la detención de un dirigente triqui. El problema es la forma en que el poder intenta colocarse fuera de sus propias decisiones.

El 15 de mayo de 2026, alrededor de las 9:24 horas, en la comunidad de Agua Fría Copala, municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, fue detenido Macario García Merino, maestro jubilado y dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), en un operativo que involucró a corporaciones estatales y ministeriales y que derivó en bloqueos y tensión inmediata en la zona.

Apenas unas horas después, Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca de Morena, ofreció una declaración que no sólo resultó difícil de sostener: exhibió el nivel de simulación política con el que el gobierno estatal enfrenta el conflicto triqui.

“No, me acabo de enterar de ese tema, voy a revisarlo. La Fiscalía va a tener que informarnos de por qué motivos. Yo acabo de saber esto”.

El gobernador hizo esa afirmación mientras el operativo ya había sido ejecutado por fuerzas estatales y la región comenzaba a registrar bloqueos y movilizaciones.

¿De verdad nadie informó al gobernador? 

¿Nadie le avisó que fuerzas estatales participaron en la detención de uno de los dirigentes indígenas más visibles de la región? 

¿Nadie previó el impacto inmediato en un territorio históricamente convulsionado?

En Oaxaca, donde el control político y la operación territorial pasan inevitablemente por el gobierno estatal, esa versión resulta, cuando menos, difícil de sostener sin cuestionamientos.

La detención de García Merino no ocurre en el vacío. Se inscribe en un conflicto histórico marcado violencia, desplazamientos forzados, acusaciones cruzadas y procesos de criminalización de liderazgos indígenas triquis.

Desde hace años, distintas organizaciones en la región se han señalado mutuamente por hechos de violencia y control territorial, mientras también han exigido la intervención del Estado en función de sus posturas. 

En ese contexto, cada detención o operativo es interpretado como parte de una disputa más amplia.

El fondo del asunto es todavía más delicado: el conflicto triqui ha sido administrado durante décadas más como problema político que como crisis estructural de derechos humanos.

Gobiernos van y vienen, cambian los partidos y cambian los discursos, pero la lógica permanece: contención del conflicto, administración de los actores y una paz siempre aplazada.

Por eso la frase de Salomón Jara no opera únicamente como desconocimiento, sino como deslinde político.

El gobernador intenta trasladar la responsabilidad hacia la Fiscalía General de Justicia del Estado para reducir el costo de una detención que ya provocó movilizaciones, bloqueos y acusaciones de persecución política.

Pero en la región triqui la memoria no es corta.

Ahí permanecen las heridas de San Juan Copala, San Miguel Copala y Tierra Blanca Copala; persisten los desplazamientos forzados; persiste una violencia no resuelta que ha fragmentado comunidades enteras durante años.

Y en ese contexto, cualquier acción del Estado en torno a liderazgos triquis se lee a través de una historia acumulada de desconfianza.

La pregunta entonces no es sólo si Jara Cruz sabía o no sabía.

La pregunta de fondo es por qué el gobierno, sigue enfrentando el conflicto triqui bajo lógicas que no rompen con la opacidad ni con la gestión política del problema.

Porque cuando un gobernador asegura “acabo de enterarme” mientras su aparato de seguridad ya opera en territorio, lo que queda no es una explicación: es una grieta de credibilidad institucional.