Braulio Hernández, Mariana Flores y sus cautelados, traicionan a desplazados triquis de Copala

La medida cautelar MC-197-10 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es lo más preciado que tienen algunos indígenas desplazados triquis de Copala, la cual obliga al Estado Mexicano brindar medidas de seguridad y protección, apoyo alimentario y demás ayuda a los beneficiarios de la medida cautelar.

Desde un principio, el gobierno de Oaxaca, siempre ha querido separar a los cautelados de las personas sin medidas cautelares para no cumplir sus obligaciones y deberes con estos últimos. Pocas personas fueron cauteladas con la referida cautelar, la mayoría de los desplazados excluidos de la misma, se desconoce los motivos y razones.

El gobierno oaxaqueño ha hecho lo imposible para apartar los cautelados de los no beneficiarios. Incluso ha nombrado a puros abogados como responsables del tema de desplazados triquis de San Juan Copala, quienes se hicieron amigos de los representantes y activistas de los desplazados para ganar sus confianzas y así obtener informaciones de cada grupo, desplazados y cautelados para dividirlos, confrontarlos y formar un "expediente negro" sobre los 135 beneficiarios de la multicitada medida cautelar, legajo de "investigaciones" que obran en la Secretaría General del Gobierno (SEGEGO), mismo que contiene media verdades y mentiras sobre todos y cada uno de los beneficiarios.

En agosto del 2013, le cayó como el "anillo al dedo" al gobierno estatal, cuando el grupo de indígenas desplazados triquis de San Juan Copala, encabezados por Braulio Hernández Hernández, Mariana Flores López, Marcelina de Jesús López, Carmen de Jesús López, Manuel de Jesús Ramírez, Fidel Santillán Flores y José Enrique González Martínez, aceptaron 5 millones de pesos, una camioneta tipo estaquitas de color gris y demás lujos y privilegios al citado ente a través de Arturo de Jesús Peimbert Calvo, aquel entonces, titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (CIDH) para levantar el plantón de desplazados de los corredores del Palacio del Gobierno de Oaxaca, abandonando el lugar el 06 de agosto del mismo año para irse a vivir a las oficinas de la DDHPO y albergue parroquial "Felicitas y Perpetúa" del amigo de Peimbert Calvo de nombre Wilfrido Mayrén, conocido como el "Padre UVI", quienes desde las oficinas de la DDHPO y con el apoyo de Arturo Peimbert, DDHPO y gobierno de Oaxaca, desconocieron a Lorena Merino Martínez como representante del grupo, nombrando a Braulio Hernández como el dirigente de los desplazados.

Mismos quienes desde las instalaciones del citado "organismo defensor de derechos humanos" se ocuparon y dedicaron a desprestigiar y criminalizar a Lorena Merino, Basilio Ramírez García, Secretario General de desplazados del grupo y a Fundación Tinunjei, asociación civil indígena triqui que si tener nada que ver con los desplazados, fue embarrada, difamada y criminalizada por los traidores e incondicionales del gobierno.

El 21 de agosto del 2015, los representantes del nuevo grupo de desplazados quitaron 25 de 30 mil pesos a 16 indígenas viudas de San Juan Copala, Agua Fría Copala, Yosoyuxi Copala, Santa Cruz Tilapa y Guadalupe Tilapa, todas ellas integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), donde obtuvieron una ganancia de 400 mil pesos. Robo que no se puede ni debe hacer contra una viuda, quién además de perder a su esposo en defensa de la lucha y proyecto autonómico, tiene hijos huérfanos que mantener de por vida.

En 2018, mismo grupo propuso al gobierno estatal y federal, la entrega de recursos económicos para la construcción, ampliación y mejoramiento de los cautelados para terminar con la medida cautelar MC-197-10 que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expidió y otorgó a favor de 135 habitantes de San Juan Copala el 07 de octubre del 2010.

El 08 de octubre del 2018, se dividió el grupo de Braulio Hernández, formando otro grupo de desplazados Mariana Flores López, Marcelina de Jesús López, Carmen de Jesús López y José Enrique González Martínez.

En 2019, desplazados de Mariana Flores se aliaron con los desplazados de Sergia Cepeda González para tomar y plantarse frente a los portales "Flores Magón" del zócalo de Oaxaca, lugar donde ambos grupos viven y venden hasta la fecha.

En diciembre del 2020, cautelados de Braulio Hernández y Mariana Flores, acudieron al llamado y convocatoria del gobierno estatal y federal para aceptar y cobrar 240 mil pesos por concepto de "construcción, ampliación y mejoramiento" de sus viviendas a cambio del desistimiento, levantamiento, terminación, cancelación o conclusión de sus medidas cautelares, llegando de esta manera "acuerdo amistoso" con el Estado Mexicano.

Testigos afirman que las hermanas Marcelina y Carmen de Jesús López, fueron las primeras en recibir dicho pago económico, después los demás cautelados.

Hasta la fecha, dichos representantes siguen buscando, llamando, juntando y llevando a personas cauteladas con el gobierno estatal y federal para cobrar sus respectivos pagos y firmar la terminación de sus medidas cautelares, algunos de ellos, nunca recibieron atenciones ni ayuda del gobierno.

Braulio, Mariana, Marcelina y Carmen, siempre fueron tras el dinero fácil, vendieron a los desplazados y aliaron con el gobierno de estatal y Arturo Peimbert, mismos que engañaron, mintieron, criminalizaron y levantaron falsedades contra Lorena Merino, Basilio Ramírez y hermanos de éste último ante líderes del MULTI y triquis de Estados Unidos, mismos que creyeron sus mentiras.

El tiempo, los hechos y la historia está juzgando y demostrando quiénes son los mentirosos, corruptos, rateros, acaparadores, luchadores, ambiciosos, manipuladores, oportunistas, vividores y explotadores de indígenas desplazados triquis de Copala, quienes se enriquecieron considerablemente a nombre y costa de viudas, huérfanos, desplazados, sangre inocente y hermanos de raza, mismos que están dando la razón y justicia a personas rectas, sinceras, honestas, dignas, incorruptibles, luchadoras y defensoras de su gente.

El desistimiento y terminación de la multicitada medida cautelar serán los fundamentos, sustentos y pretextos del gobierno para desalojar a los desplazados del zócalo de Oaxaca, así como futuros desalojos, represiones y criminalizaciones de los mismos porque para el gobierno, desplazados sin medidas cautelares no tienen voz, voto ni derecho a nada.

Con la conclusión de la medida cautelar, se cancelarán atenciones y apoyos gubernamentales a los dirigentes y sus cautelados, aunque las ayudas son acaparadas siempre por los representantes de los grupos y nunca aterrizan a sus seguidores.

Ahora se acabarán los apelativos de "Don Braulio", "Doña Mariana", "Doña Marcelina", "Doña Carmen", "Doña Reyna", "Don Marcos Albino", "Don Jesús", "Doña Juliana", "Doña Epifania", "Don Rafael Merino", "Doña Pilar", "Don Fausto", "Doña Sergia" y "Doña Juana Santiago", representantes quienes perderán definitivamente los pagos de sus rentas, ayudas económicas, apoyo alimentario, proyectos productivos y demás lujos, privilegios y prebendas.

La traición, venta y entreguismo de los representantes y cautelados, dejaron sin ilusiones y esperanzas de apoyo, reubicación y retorno a San Juan Copala a niños, adolescentes, mujeres, ancianas y ancianos desplazados sin medidas cautelares.

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