Triquis del MULT acusan a Salomón Jara de traicionar la Cuarta Transformación y exigen su revocación

A través de una carta abierta dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, un grupo de mujeres indígenas triquis de la nación triqui, defensoras de los derechos humanos y luchadoras sociales, denunció públicamente la situación de violencia, impunidad y corrupción que, aseguran, prevalece en Oaxaca, particularmente en perjuicio de los pueblos originarios.

Las firmantes, integrantes del Comité de Víctimas de Derechos Humanos “Si no están ellas, no estamos todas” del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), manifestaron su indignación ante lo que consideran una traición al proyecto de la Cuarta Transformación por parte del gobierno estatal encabezado por Salomón Jara Cruz.

En la misiva relatan el abandono institucional, la persecución, las amenazas de muerte, la criminalización de la protesta social, la impunidad ante la desaparición forzada, la detención y encarcelamiento arbitrario, así como el asesinato de mujeres triquis.

“El proyecto de la Cuarta Transformación está siendo traicionado en Oaxaca”, afirman con contundencia en el documento. Denuncian que funcionarios estatales simulan diálogo, pero responden con discursos vacíos y promesas incumplidas. Señalan, además, el uso clientelar de recursos públicos y la existencia de redes de nepotismo en las que familiares de Salomón Jara Cruz y funcionarios ocupan cargos estratégicos.

Acusan al gobierno estatal de haber institucionalizado un sistema de favores, cuotas políticas y venta de cargos públicos, transformando el servicio público en lo que llaman “botín político y negocio millonario”.

Ante esta situación, expresaron su respaldo a los mecanismos de revocación de mandato para funcionarios que han desviado el rumbo del proyecto político de la Cuarta Transformación.

En el mismo documento también denuncian la presencia del paramilitarismo en la región y su supuesta complicidad con la delincuencia organizada.

“No luchamos para que otros se enriquezcan a costa de nuestra pobreza”, sentencian.

La carta incluye un pliego de exigencias dirigido directamente al Gobierno Federal: reducción del 80 % del presupuesto destinado a los partidos políticos, con el objetivo de redirigir esos recursos a salud, educación, vivienda y seguridad; reforma inmediata al artículo 41 constitucional, para eliminar privilegios y limitar el uso político del poder; eliminación de las diputaciones y senadurías plurinominales, que no representan al pueblo y responden a intereses ajenos a la nación; atención integral a los problemas estructurales de las comunidades indígenas, incluyendo el acceso a servicios básicos, salud, educación y desarrollo comunitario; y rechazo al clientelismo y a la sumisión política.

Las activistas advirtieron que no aceptarán que la atención institucional dependa del servilismo político ni de la sumisión a las figuras de poder.

“La dignidad no se negocia”, afirman, exigiendo que los recursos federales no se utilicen con fines de promoción personal ni como instrumentos de control político por parte del Ejecutivo estatal.

Finalmente, resaltaron que el dinero público no pertenece al gobernador ni a ningún funcionario en turno, sino al pueblo, y que la verdadera transformación solo será posible si se erradican el clientelismo, la corrupción y el desprecio institucional hacia los pueblos indígenas.

“Nosotras, las mujeres indígenas en resistencia, no nos callaremos. Por la vida, la justicia, la verdad y la dignidad”, concluye la carta firmada el 10 de octubre de 2025, en el marco de la Campaña Nacional de Visibilización de Mujeres Indígenas Defensoras.