Blanca Diva Ponce Caro: la Constitución como papel decorativo en Sonora

El 24 de mayo de 2026, en Cajeme, Sonora, la jueza penal recién electa Blanca Diva Ponce Caro fue nombrada Secretaria Ejecutiva de un comité seccional de Morena. 

El acto ocurrió dentro de la instalación de estructuras territoriales del partido, donde se integraron decenas de responsables de organización política en el estado.

El problema no es solo el nombramiento, sino lo que revela: una fractura abierta entre el texto constitucional y la práctica política.

La Constitución de Sonora es clara. Los jueces en funciones no pueden ocupar cargos, comisiones ni representaciones de carácter político o particular. 

La norma no es decorativa; existe para sostener el principio básico de independencia judicial. Sin embargo, el episodio muestra cómo esa frontera se vuelve negociable cuando entra en juego la lógica partidista.

Que el cargo haya sido “partidista y no remunerado” no lo vuelve inocuo. Al contrario: es precisamente en esas zonas grises donde la captura institucional se normaliza sin necesidad de decretos ni reformas formales. 

La influencia no siempre se ejerce desde un despacho oficial; también se construye desde la organización política territorial.

La posterior decisión de Morena de retirarla del cargo y del padrón de militantes no resuelve el fondo del asunto. 

Solo confirma que la incompatibilidad era evidente desde el inicio, pero tolerada hasta que la exposición pública la volvió insostenible. 

En política, la corrección tardía rara vez es ética; suele ser cálculo.

El caso no debería leerse como un incidente aislado. Es más bien un síntoma: la progresiva confusión entre militancia, institucionalidad y funciones del Estado. 

Cuando un juzgador cruza —aunque sea simbólicamente— hacia la estructura de un partido, la independencia judicial deja de ser un principio abstracto y se convierte en una pregunta concreta: ¿ante quién es realmente independiente la justicia?

El 24 de mayo no marca solo una fecha administrativa. Marca un punto incómodo donde la Constitución se enuncia con firmeza, pero la política opera como si fuera opcional.