El CIRRSU en la Costa de Oaxaca: la imposición de Salomón Jara sobre tierras comunales

El conflicto por la instalación del Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU) en la región Costa de Oaxaca, estalló en mayo de 2026, tras la postura de la Asamblea General de Comuneros de San Pedro Tututepec, que en sesión del 17 de mayo, rechazó de manera categórica el proyecto. 

El acuerdo fue posteriormente difundido el 22 de mayo, cuando se hizo público el posicionamiento de rechazo total a la instalación del sistema en su territorio comunal.

El CIRRSU forma parte de la estrategia del gobierno de Salomón Jara Cruz, de Morena, para enfrentar la crisis de residuos sólidos en el estado mediante un modelo de concentración regional y tratamiento industrial de basura. 

La propuesta oficial plantea recibir y procesar cientos de toneladas diarias provenientes de distintas zonas de la Costa, con el argumento de reducir tiraderos a cielo abierto y modernizar el manejo de desechos.

Sin embargo, la oposición comunitaria revela un choque estructural más profundo que el debate ambiental. 

Para los comuneros de Tututepec, el problema no es solo la infraestructura, sino la decisión unilateral sobre un territorio de propiedad comunal. 

En el régimen agrario oaxaqueño, la asamblea no es un trámite: es la máxima autoridad sobre el uso de la tierra.

Desde esa perspectiva, la instalación del CIRRSU es vista como una imposición que ignora la consulta efectiva y el consentimiento comunitario. 

La preocupación central no se limita al impacto ecológico —posibles afectaciones al agua, al suelo y al entorno turístico de la Costa—, sino a la transformación del territorio comunal en una zona de recepción de residuos regionales.

El gobierno estatal sostiene que el proyecto es una necesidad urgente ante el colapso del sistema de basura en diversas regiones. 

Sin embargo, la resistencia en Tututepec evidencia una tensión recurrente en Oaxaca: la distancia entre la planeación centralizada del Estado y la autonomía de las comunidades agrarias.

En el fondo, el CIRRSU no solo plantea una solución técnica a un problema ambiental, sino una disputa política sobre quién decide el destino del territorio. 

Mientras el gobierno apuesta por una lógica de ordenamiento regional, las comunidades defienden su derecho histórico a decidir sobre su tierra.

El conflicto en la Costa muestra que, en Oaxaca, cualquier proyecto de infraestructura que ignore la estructura comunal no solo enfrenta resistencia social, sino también un límite político difícil de ignorar: el poder de la asamblea.