Esposa de Macario García Merino, denuncia falta de información tras su detención en Oaxaca

El 16 de mayo de 2026, frente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en la Ciudad Judicial, el concreto institucional contrasta con una escena de vulnerabilidad absoluta: una mujer indígena sostiene una caja de medicamentos mientras intenta explicar, entre lágrimas, la desaparición inmediata del rastro de su esposo detenido.

Según su testimonio, el 15 de mayo, alrededor de las 9:30 horas, policías estatales y ministeriales llegaron hasta su domicilio, ubicado sobre la carretera federal Juxtlahuaca–Putla, en la comunidad de Agua Fría Copala, municipio de Santiago Juxtlahuaca, para detener a Macario García Merino, maestro jubilado y dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI).

Desde entonces, afirma, no ha podido verlo, no le han informado su ubicación ni ha tenido certeza sobre su estado de salud.

La mujer habla ante la prensa con la voz entrecortada. No hay preparación discursiva. No hay lenguaje técnico. Hay urgencia.

“Se lo llevaron ayer a las nueve y media… y no sé dónde está”, repite.

La caja de medicamentos que sostiene con ambas manos no es un detalle menor. Funciona como evidencia doméstica de una ausencia institucional: el cuerpo enfermo de su esposo necesita atención médica, pero ella no sabe a quién entregársela ni dónde está él para recibirla.

García Merino, dice, es una persona de edad avanzada y con padecimientos de salud. Por ello insiste en mostrar los medicamentos, como si el objeto pudiera suplir la falta de información oficial.

“Él está enfermo… aquí traigo sus medicamentos que no ha tomado.”

El relato se quiebra varias veces. La incertidumbre no es abstracta: es inmediata.

No sabe si su esposo está con vida. No sabe en qué agencia del Ministerio Público se encuentra. No sabe si ha sido puesto a disposición de alguna autoridad formal o si permanece en un vacío administrativo sin información para su familia.

En medio del llanto, aparece una pregunta que atraviesa el sentido del testimonio:

“¿Será porque soy una mujer indígena?”

La frase introduce un segundo nivel de lectura: ya no se trata solo de la detención, sino de la percepción de trato desigual, de exclusión institucional y de una historia más amplia de desconfianza entre comunidades indígenas y autoridades estatales.

También habla del dinero. Dice que no la escuchan, que no la atienden, que no le informan, y cuestiona si la indiferencia tiene relación con su condición económica.

En su voz se mezcla el dolor personal con la sospecha estructural: la idea de que el acceso a la justicia y a la información puede depender de factores ajenos a la ley.

“Será porque no tengo dinero… no sé por qué no nos hacen caso.”

La escena ocurre a las afueras de la Fiscalía, un espacio diseñado para la procuración de justicia, pero que en ese momento funciona como frontera simbólica entre la institución y la incertidumbre.

Del lado de afuera, una mujer que no tiene respuestas. Del lado de adentro, un sistema al que no logra acceder.

La entrevista con la prensa se convierte en un acto de exposición pública del dolor. No hay estrategia, no hay consigna, no hay discurso político organizado.

Hay una esposa que intenta saber si su esposo está vivo y dónde se encuentra.

“Vivo se lo llevaron y vivo lo queremos”, dice finalmente.

La frase no busca retórica. Es una exigencia elemental. En su simplicidad, concentra el núcleo de la denuncia: la necesidad básica de información, de contacto y de certeza sobre la vida de una persona detenida.

En ese instante, la caja de medicamentos deja de ser solo un objeto. Se convierte en símbolo de una espera suspendida entre la vida y la incertidumbre, entre la atención médica y el silencio institucional.