Lenia Batres y el desprecio por la carrera udicial

Las palabras importan. Más aún cuando provienen de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por eso resulta preocupante que Lenia Batres Guadarrama, de Morena, haya declarado el 29 de mayo de 2026, que es una “mentira” que las nuevas personas juzgadoras necesiten carrera judicial para ejercer el cargo y que “no se necesitaba la carrera judicial”.

La afirmación no es menor. En cualquier democracia sólida, la carrera judicial existe por una razón: garantizar que quienes imparten justicia acumulen experiencia, conocimientos técnicos y formación especializada antes de asumir responsabilidades que afectan la libertad, el patrimonio y los derechos de millones de personas.

Nadie sostiene que un abogado externo al Poder Judicial sea incapaz de convertirse en un buen juez. Lo que está en discusión es si la experiencia jurisdiccional debe ser considerada un valor o un obstáculo. Para Batres Guadarrama, parece ser lo segundo.

La lógica detrás de esa postura resulta inquietante. Si no importa la carrera judicial, entonces tampoco importa el camino de preparación que durante años siguieron miles de secretarios, actuarios y jueces que ascendieron mediante concursos, evaluaciones y méritos. 

Bajo esa visión, la experiencia acumulada dentro de los tribunales pierde relevancia frente a un modelo donde la legitimidad proviene principalmente de las urnas.

El problema es que la justicia no funciona como una campaña electoral. Un juez no resuelve casos con popularidad, simpatía o discursos políticos. Resuelve con conocimiento jurídico, criterio técnico e independencia.

La reforma judicial impulsada por Morena prometió acercar la justicia al pueblo. Sin embargo, declaraciones como las de Lenia Batres parecen transmitir un mensaje distinto: que la especialización ya no es indispensable y que la experiencia jurisdiccional puede ser vista como un requisito prescindible.

México necesita un Poder Judicial más transparente, más eficiente y más cercano a la ciudadanía. Pero debilitar el valor de la carrera judicial no fortalece a la justicia; la expone.

Porque cuando se normaliza la idea de que la preparación especializada no es necesaria para juzgar, la pregunta inevitable es quién gana con esa visión: ¿los ciudadanos que buscan justicia o los políticos que buscan controlar quién la imparte?