Los 60 millones de Paulina González Garibay que exhibieron la falsa austeridad de AMLO

El caso de Paulina González Garibay terminó exhibiendo una contradicción que el obradorismo intentó negar durante años: la austeridad republicana nunca logró erradicar la opacidad ni los privilegios dentro del aparato público.

La exfuncionaria de CFE-Distribución en Puebla declaró ingresos superiores a 60 millones de pesos correspondientes a 2023, una cifra atribuida directamente a su encargo público dentro de la Comisión Federal de Electricidad. 

No actividades empresariales. No inversiones privadas. Servicio público.

El dato por sí solo resulta escandaloso. Pero el contexto lo vuelve todavía más delicado.

Esos millones fueron reportados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y bajo la dirección de Manuel Bartlett en la CFE, precisamente uno de los personajes más cuestionados del gobierno por polémicas relacionadas con propiedades, contratos y presuntas contradicciones con el discurso anticorrupción.

Mientras miles de trabajadores y jubilados denunciaban deterioro salarial, afectaciones a prestaciones y presión económica, dentro de la propia empresa aparecía una declaración patrimonial con montos que parecen sacados de la élite empresarial y no de una nómina pública.

La reacción institucional tampoco disipó dudas. En lugar de aclaraciones inmediatas, surgió un oficio interno ordenando impedirle el acceso a instalaciones de la CFE “por ningún motivo”. La medida terminó alimentando sospechas sobre la gravedad real del caso.

Hasta hoy nadie ha explicado públicamente si se trató de un error de captura, pagos extraordinarios, irregularidades administrativas o algo todavía más comprometedor. El silencio oficial convirtió el escándalo en un problema político.

Porque Morena llegó al poder prometiendo terminar con los excesos del viejo régimen.

Prometió acabar con las burocracias doradas y limpiar las empresas del Estado. Sin embargo, casos como este muestran que la opacidad sigue intacta cuando toca revisar lo que ocurre dentro del propio gobierno.

El problema ya no es únicamente Paulina González Garibay. 

El problema es que millones de mexicanos observan cómo el discurso de austeridad parece aplicarse con rigor para trabajadores y jubilados, pero desaparece cuando aparecen cifras millonarias dentro de las estructuras de poder.

Y ahí es donde el caso deja de ser un simple escándalo administrativo para convertirse en un símbolo político del desgaste del obradorismo.