Macario García Merino y la operación política de Morena en Oaxaca

El 15 de mayo de 2026, alrededor de las 9:30 horas, el profesor Macario García Merino se encontraba desayunando con su familia —entre ellos menores de edad y un joven con discapacidad— en su domicilio ubicado sobre la carretera federal Juxtlahuaca–Putla, en Agua Fría Copala, cuando tres policías estatales ingresaron sin presentar orden judicial.

Los agentes argumentaron que realizaban recorridos relacionados con las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que salió confiado al corredor de su vivienda.

En ese momento fue rodeado y sometido violentamente por al menos diez elementos policiacos.

Los agentes lo golpearon, lo sujetaron de los brazos y lo arrojaron a la batea de una patrulla mientras continuaban agrediéndolo.

Ya sometido, uno de los policías colocó su rodilla sobre el cuello del profesor mientras la unidad avanzaba, situación que evidenciaría posibles actos de tortura.

Durante el violento operativo, policías estatales realizaron disparos y lanzaron gases lacrimógenos contra su familia, poniendo en riesgo a menores de edad y personas vulnerables que se encontraban en el lugar.

Los hechos quedaron registrados por cámaras de seguridad del domicilio.

Posteriormente, a la altura de Santa Rosa Caxtlahuaca, Macario García Merino fue transferido a una camioneta blanca cerrada, con vidrios polarizados, y entregado a hombres vestidos de negro y armados, quienes nunca se identificaron ni informaron sobre su paradero, configurándose presuntamente una desaparición forzada.

A las 19:30 horas del mismo día, y tras la promoción de un amparo contra actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la presión pública generada por el caso, la Fiscalía General del Estado permitió que su abogada defensora pudiera verlo brevemente en Ciudad Judicial.

Ahí se le informó que estaba detenido por el presunto delito de “disparo de arma de fuego” y que había sido puesto a disposición por la Policía Estatal.

Sin embargo, el 16 de mayo, a las 10:00 horas, abogados del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) acudieron ante el Ministerio Público y fueron informados de que el profesor había sido liberado la noche anterior, sin proporcionar información sobre su ubicación.

Ante ello, se presumió una nueva desaparición forzada y se promovió otro amparo para exigir su búsqueda y localización.

Ante la incertidumbre sobre el paradero de Macario García Merino, se intentó establecer comunicación con el Fiscal General del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, quien no respondió las llamadas telefónicas.

Su secretario particular, Jorge Arturo Gopar Palau, señaló que solicitaría información y posteriormente respondería, lo que nunca ocurrió.

Más tarde, abogados defensores preguntaron a personal de seguridad de la Fiscalía si tenían conocimiento sobre el detenido. Un guardia respondió que “ya había sido sacado a su audiencia”. Al dirigirse a los separos de la Fiscalía, encontraron al profesor en una audiencia virtual, asistido por un defensor público.

En ese contexto, la defensa señaló posibles conflictos de interés dentro del proceso.

Indicaron que Marcelo Merino García, titular de la Defensoría Pública del Estado y originario de Santa Cruz Río Venado Copala, es identificado como uno de los dirigentes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), grupo armado y paramilitar históricamente confrontado con el MULTI y señalado en diversos hechos de violencia y desplazamiento forzado en la zona triqui de Copala, por lo que consideraron evidente su interés e intervención dentro del caso.

Para la defensa, el Estado habría operado para criminalizar a Macario García Merino, incluso mediante la intervención en su propia defensa, pues el defensor público asignado actuaría con parcialidad durante el proceso.

Posteriormente, los abogados lograron confirmar que el profesor estaba acusado de homicidio dentro de la causa penal 307/2019.

La orden de aprehensión fue librada el mismo 15 de mayo de 2026 por Carlos Alan Rodríguez Alcalá, Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, y supuestamente ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones a las 20:30 horas, afuera de las instalaciones de la Fiscalía.

Esta versión contradijo la información inicial proporcionada por la Fiscalía, que primero sostuvo que había sido detenido por disparo de arma de fuego y posteriormente aseguró que había sido liberado, evidenciando inconsistencias en la narrativa oficial.

El 18 de mayo, durante la conferencia matutina del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, de Morena, el titular de la Secretaría de Gobierno, Jesús Romero López, exhibió una fotografía de Macario García Merino con una ficha de “localizado”, acompañado de personal de la Comisión Estatal de Búsqueda.

De acuerdo con la defensa, la imagen fue tomada cuando el profesor ya se encontraba en audiencia virtual ante un Juez de Control.

A partir de estos hechos, la defensa sostiene que existen contradicciones en las actuaciones institucionales y en la información difundida por el gobierno de Oaxaca.

Señalan que la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía afirmaron que vecinos reportaron disparos en el domicilio del profesor; sin embargo, aseguran que las cámaras de seguridad muestran que no hubo detonaciones previas a la detención.

También cuestionan que inicialmente se hablara de cuatro órdenes de aprehensión en su contra, cuando posteriormente únicamente se informó sobre una orden librada el mismo día de su captura.

Asimismo, consideran contradictorio que primero se reportara su liberación y después apareciera formalmente acusado de homicidio, situación que, afirman, evidencia una estrategia para mantenerlo privado de la libertad mediante maniobras legales.

La defensa recuerda que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional e internacional de garantizar la vida, la integridad y el derecho a no sufrir tortura de Macario García Merino, quien es beneficiario de la medida cautelar MC-279-22, otorgada el 27 de octubre de 2023 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de 144 familias desplazadas de Tierra Blanca Copala.

En ese sentido, sostienen que México, como Estado parte de diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, está obligado a prevenir detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de tortura, fabricación de delitos y cualquier forma de criminalización contra defensores comunitarios y víctimas de desplazamiento forzado.

La defensa considera que la persecución contra Macario García Merino refleja un patrón de criminalización hacia integrantes y representantes de comunidades desplazadas de Tierra Blanca Copala, quienes desde hace años han denunciado violencia, desplazamiento forzado y falta de garantías de seguridad en la región triqui.

Finalmente, sostienen que la detención del profesor respondería a acuerdos y presiones políticas entre el gobierno de Oaxaca y líderes del MULT, con el objetivo de debilitar y criminalizar al MULTI en la región triqui.