Morena entre la soberanía y la impunidad

La presidenta Claudia Sheinbaum elevó el tono de su discurso el 31 de mayo de 2026 desde el Monumento a la Revolución.

Ante miles de simpatizantes, transformó la polémica investigación impulsada desde Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses en una defensa de la soberanía nacional.

Además de afirmar que “ya no hablamos de cooperación, estamos hablando de injerencia”, sostuvo que es legítimo dudar de las intenciones de Washington, advirtió que México “no es piñata de nadie” y señaló que “sabemos dónde conducen las intervenciones”.

Incluso planteó el riesgo de que, si se normalizan estas acciones, el Departamento de Justicia de Estados Unidos termine convirtiéndose en “el principal elector de México”.

La mandataria también recurrió a una crítica histórica. Aseguró que durante los gobiernos neoliberales se permitió la injerencia estadounidense y sostuvo que la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón fue “planeada desde el exterior”.

Sin embargo, detrás del discurso patriótico surge una pregunta incómoda: ¿la defensa de la soberanía está sustituyendo la discusión de fondo?

Porque el problema no es solamente si Estados Unidos tiene derecho a señalar a políticos mexicanos. 

El problema es que México tampoco ha logrado convencer plenamente de que sus instituciones investigan con eficacia cualquier señalamiento de vínculos entre el poder político y el crimen organizado.

La estrategia gubernamental consiste en presentar el caso como un conflicto entre soberanía e intervencionismo.

Es una narrativa políticamente rentable. Ningún mexicano quiere que otro país decida quién gobierna aquí.

Pero tampoco resulta saludable que cualquier cuestionamiento internacional sea respondido únicamente con discursos patrióticos y denuncias de injerencia.

La soberanía no se demuestra con palabras, sino con instituciones sólidas, fiscalías creíbles y procesos transparentes. 

Si las acusaciones son falsas, deben desmontarse con pruebas. Si existen indicios reales, deben investigarse sin importar cargos o filiaciones políticas.

El riesgo para Morena es evidente. Mientras más se convierta la defensa de Rocha Moya en una causa nacional, más difícil será separar la protección de la soberanía de la protección de un aliado político.

La intervención extranjera debe rechazarse. Pero la impunidad también. 

La soberanía no puede convertirse en refugio de la opacidad ni la crítica internacional en excusa para evitar preguntas incómodas.

La fortaleza de un país no se mide por cuántas veces denuncia la injerencia, sino por su capacidad para investigar y juzgar por sí mismo.