Morena y el INE: la misma historia del viejo régimen, con nuevo logo

El 21 de abril de 2026, la Cámara de Diputados llevó a cabo la votación para designar a tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral: Arturo Chávez López, Frida Gómez Puga y Blanca Cruz García.

El bloque conformado por Morena, PT y Partido Verde avaló los nombramientos, mientras que la oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano) votó en contra y denunció un proceso irregular desde su origen.

Un día después, el 22 de abril de 2026, los tres consejeros asumieron formalmente el cargo, incorporándose al Consejo General del INE para el periodo constitucional correspondiente.

Sin embargo, el punto de mayor controversia llegó semanas después.

El 15 de mayo de 2026, el Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados aprobó la clasificación por cinco años de toda la información relacionada con el proceso de selección, lo que incluye: expedientes de aspirantes; evaluaciones del Comité Técnico de Evaluación; entrevistas; calificaciones; deliberaciones internas; y documentación generada durante el proceso.

El argumento oficial para la reserva se apoyó en criterios de protección de datos, resguardo institucional y posibles riesgos derivados de la exposición de información del proceso deliberativo.

La decisión encendió críticas inmediatas de la oposición, que sostiene que el blindaje confirma la falta de transparencia en un procedimiento que ya había sido cuestionado por presuntas ventajas indebidas, filtraciones y negociación política entre fuerzas afines al bloque gobernante.

El caso no se limita a un debate técnico sobre transparencia. En el fondo, revive una discusión más amplia sobre la forma en que se integran los órganos electorales en México.

El INE, como árbitro de las elecciones, depende no solo de su diseño institucional, sino también de la confianza pública en la legitimidad de sus consejeros.

Por ello, la reserva de información durante cinco años no es un detalle administrativo menor: es un candado completo sobre cómo se tomó una de las decisiones más sensibles del sistema democrático.

Para los críticos, el episodio refuerza la narrativa de que Morena ha reproducido prácticas del viejo sistema que decía combatir: control de mayorías legislativas mediante aliados como el PT y el Verde, decisiones procesadas en bloque y opacidad en nombramientos clave.

Para sus defensores, en cambio, se trata de decisiones legales dentro del margen institucional del Congreso y sus órganos de transparencia.

Lo cierto es que, más allá de la interpretación política, el resultado es el mismo: un proceso cerrado al escrutinio público durante cinco años en uno de los órganos más relevantes para la vida democrática del país.