Morena y la "paz" que reventó en Guerrero

El 23 de mayo de 2026 quedó exhibida una de las crisis políticas y de seguridad más delicadas para los gobiernos de Morena en Guerrero. 

Nueve alcaldes de las regiones Centro y Montaña Baja abandonaron oficialmente la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, acusando simulación, exclusión y absoluta falta de resultados frente a la violencia que azota sus municipios.

La ruptura no ocurrió frente a gobiernos opositores. Ocurrió frente a funcionarios del gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobierno estatal encabezado por Evelyn Salgado Pineda, ambos de Morena.

Los alcaldes denunciaron que las reuniones de seguridad se convirtieron en ejercicios burocráticos incapaces de detener ataques armados, amenazas del crimen organizado y desplazamientos forzados. 

También acusaron un trato “inadmisible” luego de que se les impidiera participar en un acto oficial el 22 de mayo, hecho que terminó profundizando la ruptura política.

El grupo cerró filas en respaldo a la alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, y estuvo integrado por presidentes municipales de José Joaquín de Herrera, Zitlala, Acatepec, Tixtla, Quechultenango, Ahuacuotzingo, Mochitlán, Mártir de Cuilapan y Atlixtac.

La gravedad del conflicto no está únicamente en el rompimiento institucional, sino en el contexto que denuncian los propios municipios: comunidades semivacías, viviendas incendiadas, familias desplazadas y escuelas cerradas por miedo a la violencia.

Mientras tanto, la Secretaría de Gobernación insiste en que no existe abandono y presume operativos de seguridad en la región. 

Pero la salida de nueve alcaldes revela algo más profundo: la creciente desconfianza hacia una estrategia de seguridad que, según los propios gobiernos municipales, no está logrando recuperar el control territorial ni garantizar condiciones mínimas de tranquilidad.

El golpe político es fuerte para Morena porque quienes abandonaron la Mesa de Paz no son solamente opositores.

Hay alcaldes de distintas fuerzas políticas que coinciden en un mismo diagnóstico: las reuniones sirven para administrar la crisis, pero no para resolverla.

Y cuando las propias autoridades locales dejan la mesa creada para “construir la paz”, el mensaje es demoledor: en Guerrero, la violencia ya comenzó a romper también la relación entre municipios y gobierno.