Rocío Nahle García y el patrimonio que Morena ya no puede esconder
Morena llegó al poder prometiendo algo más grande que un cambio de gobierno: prometió una superioridad moral frente a la vieja clase política.
Andrés Manuel López Obrador convirtió la austeridad en bandera, y durante años el obradorismo señaló mansiones, propiedades y lujos de funcionarios del PRI y del PAN como símbolos de corrupción y traición al pueblo.
Por eso las dudas sobre el patrimonio de la gobernadora de Veracruz y exsecretaria de Energía, Rocío Nahle García, golpean directamente el discurso moral de Morena.
La polémica no surgió de la nada. Existen registros públicos, reportajes y denuncias relacionados con propiedades atribuidas a Nahle y a su esposo, José Luis Peña Peña, particularmente una residencia ubicada en el exclusivo fraccionamiento “El Country”, en Villahermosa, Tabasco, adquirida en 2019, apenas meses después de asumir la Secretaría de Energía.
El debate creció cuando comenzaron a circular versiones sobre el valor real del inmueble y las diferencias entre montos reportados oficialmente y estimaciones comerciales mucho más elevadas. Ahí empezó el problema político: la congruencia.
Porque Morena construyó su narrativa atacando exactamente eso. Durante años habló de honestidad, de vivir “en la justa medianía”, de acabar con los privilegios y de expulsar la corrupción del poder.
La famosa “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto fue usada como ejemplo nacional de abuso, conflicto de interés e hipocresía política.
Hoy, el oficialismo enfrenta preguntas muy similares.
Tal vez Rocío Nahle pueda acreditar legalmente el origen de cada peso. Tal vez no exista delito comprobado. Pero la política no se sostiene únicamente con argumentos jurídicos; también depende de la confianza pública. Y cuando una figura que llegó al poder prometiendo austeridad aparece rodeada de residencias exclusivas, terrenos y señalamientos patrimoniales, el discurso moral empieza a resquebrajarse.
El problema para Morena ya no es solamente una propiedad en Tabasco.
El problema es la imagen de un movimiento que comenzó denunciando excesos y hoy acumula cada vez más historias de funcionarios viviendo como aquella élite que juraron combatir.
Las camionetas blindadas, las casas de lujo, los contratos multimillonarios y las explicaciones insuficientes empiezan a parecer demasiado familiares para millones de mexicanos.
La diferencia es que antes Morena acusaba desde la oposición.
Ahora tiene que responder desde el poder.

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