Una filial de Pemex contrató al "Rey del Huachicol" durante el gobierno de AMLO

La gran bandera moral del obradorismo fue el combate al huachicol. 

En 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cerró ductos, militarizó instalaciones de Pemex y pidió paciencia a millones de mexicanos por el desabasto de gasolina. La promesa era clara: acabar con el saqueo.

Hoy, esa narrativa enfrenta una contradicción incómoda.

Una investigación del periodista Raúl Olmos revela que una filial de Pemex habría pagado más de 22 millones de pesos a una empresa vinculada con Sergio Carmona Angulo, identificado públicamente durante años como operador del llamado “huachicol fiscal”.

La ironía política es demoledora: las pipas compradas para combatir el huachicol habrían terminado generando negocios para personajes ligados precisamente al negocio del combustible ilegal.

Y el problema no es menor. Morena construyó buena parte de su legitimidad acusando a gobiernos anteriores de proteger mafias, contratistas favoritos y redes de corrupción.

López Obrador repitió durante años que “ya no eran iguales”.

Pero el caso Carmona vuelve a exhibir algo que incomoda al discurso oficial: en México las redes de poder no desaparecen; muchas veces solamente cambian de grupo político.

El huachicol fiscal no opera con bidones clandestinos en carreteras. Funciona mediante importaciones irregulares, facturas falsas, evasión de impuestos y protección institucional. Es un negocio multimillonario que difícilmente sobrevive sin complicidades dentro del poder.

Por eso este caso golpea directamente la narrativa moral de la Cuarta Transformación.

Porque cuando un gobierno convierte la honestidad en bandera política, cualquier contrato oscuro deja de ser solamente un escándalo administrativo: se convierte en dinamita para su credibilidad.