¿A quién protege Sheinbaum?

El 31 de mayo de 2026, durante la concentración organizada por Morena en el Monumento a la Revolución para conmemorar el triunfo electoral de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó lo que calificó como injerencismo extranjero y lanzó una advertencia que marcó el tono de su discurso: “vienen por unos y luego por otros”.

La frase surgió en medio de la controversia provocada por una acusación presentada ante una corte federal de Nueva York contra personajes vinculados al poder político de Sinaloa. 

Más allá del expediente judicial, la declaración abrió una interrogante política difícil de ignorar: ¿quiénes son esos “otros” a los que se refiere?

La mandataria sostiene que está defendiendo la soberanía nacional frente a acciones externas. 

Sin embargo, su respuesta parece ir más allá de la defensa de un principio jurídico o diplomático. 

En lugar de centrar la discusión en el esclarecimiento de los hechos y en la solidez de las pruebas, el debate fue trasladado al terreno de una presunta ofensiva contra todo un proyecto político.

Y es ahí donde el contexto cobra importancia.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Sinaloa ocupó un lugar relevante en la agenda presidencial. 

Fue una de las entidades más visitadas por el entonces mandatario y también el escenario de episodios que generaron controversia, como el saludo dirigido a María Consuelo Loera, madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, durante una gira en Badiraguato.

Ninguno de esos hechos constituye por sí mismo evidencia de conducta ilegal.

Pero forman parte de una historia política que hoy vuelve a ser observada con mayor atención debido a las investigaciones que involucran a figuras cercanas al poder regional.

Por eso la reacción del oficialismo resulta llamativa. 

Si la acusación judicial involucra a determinadas personas, ¿por qué la respuesta parece asumir que la amenaza alcanza a muchos más? 

¿Qué lleva al gobierno a plantear un escenario en el que, después de unos señalados, vendrían otros?

La defensa de la soberanía es una obligación legítima de cualquier Estado. 

Lo que genera dudas es la rapidez con la que el discurso político parece transformarse en una defensa colectiva antes de que los hechos sean plenamente esclarecidos.

El punto de fondo no es si una corte extranjera tiene razón o está equivocada. 

El verdadero debate consiste en determinar si existen elementos para investigar y, en caso de existir, permitir que los hechos se conozcan con transparencia.

Por eso la pregunta sigue abierta. 

Si, como advirtió la presidenta, “vienen por unos y luego por otros”, ¿quiénes son esos otros que tanto preocupan al oficialismo?

Porque, en política, las reacciones suelen revelar tanto como las acusaciones. Y a veces, incluso más.