Ayotzinapa también estorba a Morena

La salida de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa de la Ciudad de México, no sólo deja una imagen incómoda para el gobierno de Claudia Sheinbaum; también exhibe una contradicción que Morena lleva años intentando evitar.

No se trata de cualquier grupo de manifestantes, sino de las familias que durante más de una década han exigido verdad y justicia por uno de los crímenes de Estado más graves de la historia reciente de México.

El 13 de junio de 2026, los familiares denunciaron que las autoridades del régimen morenista, les impidieron manifestarse durante las actividades relacionadas con la inauguración del Mundial de Futbol y calificaron la actuación de los gobiernos federal y capitalino como una violación a su derecho a la protesta social.

La acusación resulta especialmente delicada porque proviene de un movimiento que durante años fue respaldado por la izquierda mexicana cuando se encontraba en la oposición. 

Ayotzinapa fue una bandera política contra los abusos del poder. 

Hoy, las mismas familias denuncian obstáculos impuestos por quienes prometieron gobernar de manera distinta.

La contradicción es evidente.

Morena construyó buena parte de su legitimidad denunciando la represión, defendiendo la protesta social y acompañando las causas de las víctimas. 

Sin embargo, ahora enfrenta cuestionamientos por privilegiar la imagen de estabilidad y éxito internacional de un evento deportivo sobre la expresión pública de quienes siguen buscando respuestas.

El mensaje es preocupante: mientras el Mundial proyecta una imagen de fiesta y reconocimiento internacional, las demandas de verdad y justicia parecen convertirse en un asunto incómodo que debe mantenerse lejos de las cámaras. 

La lógica es peligrosa porque coloca la administración de la imagen gubernamental por encima de derechos humanos garantizados por la Constitución y los tratados internacionales.

Más allá de las versiones oficiales, el hecho político es contundente: las familias de Ayotzinapa abandonaron la capital denunciando obstáculos para ejercer su derecho a manifestarse. 

Que esto ocurra bajo un gobierno que se presenta como defensor de los movimientos sociales debería provocar una reflexión sobre la distancia entre el discurso y la práctica.

A casi doce años de la desaparición de los 43 normalistas, la herida sigue abierta. 

La exigencia de justicia no desaparece porque un Mundial ocupe los reflectores. 

Cuando el poder considera que las víctimas estorban, el problema ya no es la protesta. El problema es la democracia misma.