La "insostenibilidad" como argumento político: el ISSSTE y la batalla por las pensiones en México

El discurso de la “quiebra inminente” se ha convertido en el recurso favorito del poder para bloquear cualquier intento de revertir la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE.

Cada vez que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reabre la exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, la respuesta oficial es casi automática: no hay dinero, el país colapsaría, el Estado no resistiría.

Sin embargo, detrás de esa narrativa de catástrofe fiscal se esconde una decisión política tomada desde hace casi dos décadas: trasladar el riesgo de la vejez del Estado al trabajador.

La reforma de 2007 no fue un ajuste técnico neutro.

Fue un cambio estructural que transformó un sistema solidario en uno individualizado, reduciendo la responsabilidad directa del Estado en el pago de pensiones y convirtiendo la jubilación en un asunto del mercado financiero.

Hoy, cuando se habla de “insostenibilidad”, en realidad se está defendiendo la arquitectura de ese modelo neoliberal.

El argumento de figuras como Ricardo Monreal se apoya en una idea potente, pero simplificada: revertir la reforma equivaldría a un colapso presupuestal.

El problema es que esa afirmación se presenta como verdad absoluta, sin abrir el debate sobre alternativas fiscales, redistribución del gasto o una reforma tributaria profunda.

Se plantea como si el presupuesto fuera una caja cerrada e intocable, cuando en realidad es un terreno de disputa política.

La CNTE, por su parte, no solo discute números: discute dignidad laboral, tasas de reemplazo insuficientes y la creciente incertidumbre de millones de trabajadores del Estado, que ven cómo su jubilación se convierte en una promesa cada vez más lejana.

Su exigencia de abrogación no es nostalgia: es una crítica frontal al modelo de pensiones basado en cuentas individuales, que ha demostrado generar desigualdad en el retiro.

El oficialismo, incluso bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, ha optado por mantener la línea de continuidad: no hay condiciones para revertir la reforma.

Esa postura puede ser defendible desde la lógica macroeconómica, pero políticamente implica aceptar que el costo del sistema seguirá recayendo sobre quienes menos capacidad tienen de absorberlo: los trabajadores.

El punto central del conflicto no es si el Estado “puede o no puede pagar”, sino qué Estado se quiere construir.

Uno que asume colectivamente el derecho a la jubilación como responsabilidad pública, o uno que lo fragmenta en cuentas individuales expuestas a la volatilidad del mercado.

Reducir el debate a “caos financiero” es funcional al poder, pero empobrece la discusión democrática.

Porque detrás de cada cifra billonaria hay una pregunta que el discurso oficial evita responder: ¿quién decidió que en México envejecer debía convertirse en un riesgo individual y no en un derecho social garantizado?