Las madres buscadoras llegan al Mundial y Morena las pone bajo sospecha

El 11 de junio de 2026, mientras México concentraba la atención internacional en la inauguración del Mundial de Futbol, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció que el gobierno investiga quién financió el traslado de personas provenientes de Jalisco que participaron en la movilización de madres buscadoras en la Ciudad de México.

La declaración no pasó desapercibida. No porque se hayan presentado pruebas de una operación política detrás de la protesta, sino porque el señalamiento surgió en medio de una de las mayores crisis humanitarias que enfrenta el país: más de 130 mil personas desaparecidas y miles de familias obligadas a realizar labores de búsqueda que corresponden al Estado.

La pregunta es inevitable: ¿por qué la atención oficial se dirige hacia el financiamiento de una movilización y no hacia las razones que llevaron a esas madres a manifestarse?

Después de años de impunidad, fosas clandestinas y expedientes sin resolver, el debate público terminó girando alrededor de quién pagó algunos autobuses, no sobre quién desapareció a las víctimas.

El contexto tampoco puede ignorarse. La protesta ocurrió durante el arranque del Mundial, un evento que el gobierno esperaba convertir en una vitrina internacional de éxito y estabilidad.

Sin embargo, las madres buscadoras, junto con otros movimientos sociales inconformes, recordaron que existe un México distinto al de los estadios, uno marcado por la violencia, la impunidad y la ausencia de justicia.

En ese contexto, la declaración de Rosa Icela Rodríguez fue interpretada por numerosos críticos como un intento de poner bajo sospecha una movilización incómoda para el gobierno. Hasta ahora no existen pruebas públicas que demuestren una manipulación política de las madres buscadoras.

Lo que sí existe es una realidad imposible de ocultar: miles de familias continúan buscando a sus seres queridos porque las instituciones no han logrado encontrarlos.

Las madres buscadoras no son el problema. El problema es que siguen existiendo desaparecidos.

Y mientras el gobierno investiga quién financió una protesta, ellas continúan formulando la misma pregunta que ha acompañado al país durante años: ¿dónde están?.