Morena tuvo todo para derogar la Ley del ISSSTE y no lo hizo

El 31 de marzo de 2007 entró en vigor la Ley del ISSSTE impulsada por el gobierno de Felipe Calderón, del PAN. 

La reforma sustituyó el sistema solidario de pensiones por uno basado en cuentas individuales administradas por Afores, una medida que provocó el rechazo de amplios sectores del magisterio y de los trabajadores al servicio del Estado.

Durante años, Andrés Manuel López Obrador y Morena convirtieron esa inconformidad en una bandera política. 

La Ley del ISSSTE fue presentada como uno de los símbolos más representativos del modelo neoliberal que prometían desmontar. 

El mensaje era claro: había que llegar al poder para revertirla.

En 2018 llegaron al poder. Sin embargo, la prometida abrogación nunca ocurrió. Se pidió paciencia. Se argumentó que existían prioridades urgentes heredadas de décadas de gobiernos neoliberales. 

Más adelante se aseguró que las condiciones políticas no eran suficientes para emprender una reforma de tal magnitud. Pero los trabajadores volvieron a confiar.

En 2024 no sólo entregaron nuevamente la Presidencia a Morena con el triunfo de Claudia Sheinbaum. 

También contribuyeron a darle una mayoría legislativa que ningún gobierno reciente había tenido. 

Aquello que durante años se presentó como condición indispensable finalmente estaba resuelto.

Ya no faltaba la Presidencia. Ya no faltaban los votos. Ya no faltaba la mayoría. Ya no faltaba el respaldo popular. Y aun así, la reforma prometida tampoco llegó.

Al concluir el sexenio de López Obrador, la Ley del ISSSTE de 2007 seguía vigente. 

En su lugar se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, una medida diseñada para complementar las pensiones más bajas. 

Para el gobierno fue una solución; para muchos trabajadores fue apenas un parche que dejó intacto el problema de fondo.

La expectativa era que la nueva administración retomara el compromiso histórico. 

Después de todo, durante años se aseguró que la transformación pendiente dependía de obtener el poder suficiente para realizarla. Pero una vez en la Presidencia, el discurso cambió.

Lo que en campaña era una promesa, en el gobierno comenzó a convertirse en una imposibilidad financiera. 

Lo que durante años fue una demanda legítima pasó a describirse como una propuesta difícil de sostener presupuestalmente. 

Lo que antes era una obligación moral empezó a presentarse como una meta poco realista.

Y ahí aparece la contradicción que miles de trabajadores observan con indignación.

Durante años se les dijo que la reforma no llegaba porque faltaba poder político. 

Cuando el poder llegó, se dijo que faltaba tiempo. Cuando hubo tiempo, se dijo que faltaban condiciones. 

Y ahora que existen la Presidencia, las mayorías legislativas y el control político que antes se reclamaba, se dice que falta dinero.

La historia de la Ley del ISSSTE se ha convertido en la historia de una promesa que fue cambiando de pretexto conforme Morena acumulaba poder.

Primero faltaban votos. Luego faltaba tiempo. Ahora faltan recursos. Lo único que nunca han faltado son las razones para no cumplir.

Porque cuando un gobierno obtiene exactamente aquello que pidió para transformar una realidad y aun así decide conservarla, el problema deja de estar en los obstáculos. Y comienza a estar en las decisiones.

Por eso, para miles de trabajadores al servicio del Estado, la discusión ya no es si Morena tiene la fuerza política para derogar la Ley del ISSSTE de 2007.

La pregunta es mucho más incómoda: ¿Alguna vez tuvo realmente la intención de hacerlo?