Ramón Vázquez Valadez, Morena y la polémica de la curul heredada

Morena ha construido buena parte de su discurso político sobre la promesa de erradicar las viejas prácticas de la clase gobernante.

Entre ellas, una de las más criticadas ha sido el nepotismo: la utilización de cargos públicos para beneficiar a familiares y círculos cercanos.

Sin embargo, los hechos suelen poner a prueba los discursos.

El 4 de junio de 2026, el diputado local de Morena, Ramón Vázquez Valadez, solicitó licencia a su cargo en el Congreso de Baja California para incorporarse al gobierno municipal de Tijuana. 

Ese mismo día, su curul fue asumida por su suplente, Jesús Daniel Razo Córdova, de 23 años de edad, quien además es su hijastro.

Un día después, el 5 de junio, Vázquez Valadez rindió protesta como Secretario General de Gobierno del Ayuntamiento de Tijuana. 

Para el 6 de junio, la controversia ya ocupaba espacios en medios y redes sociales, luego de que el propio funcionario rechazara las acusaciones de nepotismo y defendiera la llegada de su familiar al Congreso.

Lo que pudo haber sido un relevo legislativo ordinario se convirtió rápidamente en motivo de polémica.

Legalmente, el procedimiento puede estar respaldado por las reglas electorales. 

El suplente formaba parte de la fórmula registrada desde el proceso electoral y cumplió con los requisitos para asumir el cargo.

Sin embargo, la discusión pública no se limita al terreno de la legalidad.

También abarca la ética política y la congruencia entre lo que se promete y lo que se hace.

La defensa de Ramón Vázquez ha sido que su hijastro recibió una oportunidad como cualquier otro joven que cuenta con trayectoria dentro del movimiento.

No obstante, el cuestionamiento persiste porque en política las apariencias también importan.

Resulta difícil convencer a la opinión pública de que no existe un privilegio familiar cuando un legislador deja el cargo y quien lo sustituye pertenece a su propio círculo familiar.

El problema para Morena no es únicamente este caso.

El verdadero problema es que situaciones como ésta alimentan la percepción de que las prácticas que durante años denunció en otros partidos siguen encontrando espacio dentro de sus propias filas.

Cuando el discurso contra el nepotismo se enfrenta a casos que involucran familiares de dirigentes o funcionarios, la exigencia de congruencia se vuelve inevitable.

La política democrática no debería consistir únicamente en cumplir la ley, sino también en evitar decisiones que erosionen la confianza ciudadana.

Porque si los cargos públicos terminan circulando entre familiares, aunque sea mediante mecanismos formalmente legales, la diferencia entre la nueva política prometida y las viejas prácticas que se juró combatir comienza a desdibujarse.

Y cuando eso ocurre, el costo más alto no lo paga un partido ni un funcionario. Lo paga la credibilidad de las instituciones y la confianza de los ciudadanos que esperaban algo distinto.