Aviadores en el Edomex: el fraude que sobrevivió a gobiernos del PRI y Morena

La caída de la presunta red de "aviadores" en el Estado de México no solo exhibe un fraude millonario; también revela cómo una estructura de corrupción puede sobrevivir a un cambio de gobierno cuando los controles institucionales fallan.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la organización comenzó a operar desde 2021, durante la administración del priista Alfredo del Mazo, y continuó funcionando en los primeros años del gobierno de Morena encabezado por Delfina Gómez, hasta que auditorías internas de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) detectaron las irregularidades y presentaron las denuncias penales en 2026.

La investigación señala que fueron creadas 459 plazas docentes irregulares para desviar alrededor de 96 millones de pesos del erario. Solo entre enero de 2025 y febrero de 2026, la red obtuvo cerca de cuatro millones de pesos por quincena mediante salarios, bonos y prestaciones pagados a personas que no desempeñaban función alguna.

El esquema era sofisticado. Los operadores se asignaban plazas con sueldos superiores a los 50 mil pesos mensuales, falsificaban expedientes, utilizaban centros de trabajo inexistentes, reclutaban familiares y prestanombres y retenían las tarjetas bancarias para quedarse con casi todo el dinero depositado por el gobierno. A quienes prestaban su nombre apenas les entregaban una pequeña comisión.

No fue una simple irregularidad administrativa. Mantener durante años cientos de plazas fantasma exigía acceso a la nómina, capacidad para manipular registros oficiales y una red de funcionarios dispuestos a mirar hacia otro lado o participar activamente en el fraude.

Hasta ahora, la Fiscalía ha informado que 26 personas ya fueron vinculadas a proceso, mientras otras permanecen amparadas o prófugas. Entre los investigados hay exfuncionarios, servidores públicos en activo y particulares. Además, las autoridades detectaron propiedades, vehículos de lujo y viajes internacionales que difícilmente podrían explicarse con sus ingresos legales.

Este caso deja una lección incómoda: la corrupción no distingue colores partidistas. Si un esquema criminal logró operar durante dos administraciones distintas, el problema no es únicamente quién gobernaba, sino la fragilidad de los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas.

La ciudadanía tiene derecho a saber quién permitió que este fraude naciera, quién dejó que continuara y quiénes deberán responder por el saqueo de recursos que debieron destinarse a la educación de miles de mexiquenses.



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