Del Pato Merlin a la Vivienda del Bienestar: la polémica que golpea a Morena

El 10 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el caso de Karla, conocida por cuidar al "Pato Merlín", al explicar que no recibió una casa de regalo. Según la mandataria, la ciudadana le pidió ayuda para obtener una Vivienda del Bienestar que pagaría con mensualidades, y el gobierno simplemente facilitó su acceso al programa.

El problema no es que una persona aspire a tener una vivienda digna. Ese es un derecho reconocido por la Constitución. La verdadera controversia es otra: ¿por qué una solicitud planteada directamente a la presidenta parece resolverse en días o semanas, mientras miles de mexicanos pasan años atrapados en listas de espera?

Miles de familias enfrentan una realidad muy distinta. Quienes acuden al INVI, la CONAVI o incluso al INFONAVIT suelen encontrarse con trámites interminables, requisitos cambiantes, expedientes congelados y la constante respuesta de que "no hay viviendas disponibles" o de que deberán esperar a la siguiente convocatoria. Para ellos, el derecho a la vivienda se convierte en una carrera de resistencia burocrática.

El caso de Karla proyecta una imagen difícil de ignorar: pareciera que la vía más rápida para acceder a un programa social no es cumplir con todos los requisitos, sino lograr que el caso llegue a la conferencia mañanera o a los oídos de la presidenta. Aunque el gobierno insiste en que no hubo favoritismo, la percepción pública apunta en sentido contrario.

Un Estado de derecho no puede funcionar con excepciones visibles. Los programas sociales deben operar con reglas claras, transparentes y aplicables por igual a todos. Si una persona obtiene una respuesta inmediata gracias a su exposición mediática, mientras miles permanecen olvidados en la burocracia, la igualdad deja de ser un principio y se convierte en un discurso.

Morena ha sostenido que primero están los pobres y que los privilegios quedaron atrás. Sin embargo, casos como este alimentan la sospecha de que los privilegios no desaparecieron; simplemente cambiaron de destinatarios.

El gobierno tiene la oportunidad de despejar cualquier duda. No basta con afirmar que la vivienda será pagada. Debe explicar con absoluta transparencia cuál fue el procedimiento seguido, en qué etapa se encontraba la solicitud, bajo qué criterios fue priorizada y por qué miles de ciudadanos que llevan años esperando no reciben la misma atención.

Porque la justicia social no consiste en resolver casos individuales frente a las cámaras, sino en garantizar que todos, sin importar su notoriedad o cercanía con el poder, tengan exactamente las mismas oportunidades. Esa es la diferencia entre un derecho y un privilegio.