Despidos en el Instituto Federal de Defensoría Pública: ¿austeridad o retroceso?

La Reforma Judicial prometió acercar la justicia al pueblo. Sin embargo, el 30 de junio de 2026 ocurrió exactamente lo contrario: fueron despedidas 43 personas trabajadoras sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), el equipo que hacía posible que la defensa pública entendiera la realidad de quienes llegan a los tribunales con la pobreza, la violencia o la discriminación como parte de su expediente de vida.

No eran empleados de escritorio ni plazas prescindibles. Eran especialistas que elaboraban dictámenes socioeconómicos, investigaciones de contexto y peritajes sociales indispensables para que un juez conociera las condiciones reales de una mujer víctima de violencia, de un niño, de una persona indígena, de un migrante o de alguien que no tiene dinero para pagar un abogado. Sin ese trabajo, la defensa pública pierde profundidad y la justicia corre el riesgo de dictarse desde el escritorio, no desde la realidad.

Lo más alarmante es que el Órgano de Administración Judicial ejecutó estos despidos sin ofrecer, hasta ahora, una explicación pública convincente sobre cómo serán sustituidas esas funciones. Porque el problema no es solo que 43 personas hayan perdido su empleo; el problema es quién protegerá ahora a miles de personas cuya vulnerabilidad debía acreditarse mediante esos estudios técnicos.

El impacto humano también es imposible de ignorar. Treinta y nueve de las personas despedidas son mujeres, varias con décadas de servicio, algunas madres solteras y otras a punto de jubilarse. Mientras el discurso oficial habla de igualdad, los hechos dejan a decenas de familias en la incertidumbre y debilitan un área integrada mayoritariamente por mujeres.

No es casual que asociaciones de juzgadores hayan levantado la voz. Advirtieron que esta decisión no solo afecta derechos laborales, sino que golpea directamente el acceso a la justicia de quienes menos tienen. Y esa advertencia merece tomarse en serio.

La justicia no se fortalece despidiendo a quienes conocen el rostro de la desigualdad. No se humaniza eliminando a quienes documentan la pobreza, la exclusión y la violencia. No se transforma debilitando la defensa pública.

Una Reforma Judicial será recordada por sus resultados, no por sus discursos. Y si sus primeras decisiones consisten en desmantelar las áreas que daban voz a los más vulnerables, el riesgo es evidente: construir un sistema más eficiente en el papel, pero mucho más lejano para quienes más necesitan que la justicia los escuche.

Porque cuando el Estado elimina a quienes hacían visible la vulnerabilidad, no solo desaparecen 43 empleos. También comienza a desaparecer el sentido social de la justicia.