El examen de la UNAM y el debate que Morena ya había anunciado

El 20 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, una vez concluido el Mundial de Futbol, el gobierno federal abriría los foros para discutir una futura regulación de las redes sociales, la inteligencia artificial y el uso de internet en México. Apenas dos días después, el 22 de julio, al estallar la polémica por el examen de ingreso a la UNAM, aseguró que las anomalías detectadas no obedecían a una falla de la universidad, sino a que nadie previó el avance de la inteligencia artificial. La coincidencia, por lo menos, merece ser analizada.

La IA no nació ayer. Desde hace años forma parte de la vida cotidiana y, desde finales de 2022, herramientas como ChatGPT transformaron la manera de estudiar, investigar y trabajar. Si el desafío era conocido, ¿por qué la UNAM decidió aplicar un examen de admisión de alta relevancia en línea? ¿Dónde quedaron los protocolos para verificar la identidad de los aspirantes, impedir apoyos externos y garantizar la integridad de la evaluación? Culpar a la inteligencia artificial parece una explicación demasiado cómoda para un problema mucho más complejo.

En México, los exámenes de admisión presenciales siguen siendo el modelo predominante en muchas instituciones de educación superior, precisamente porque ofrecen mayores garantías para verificar la identidad de los aspirantes y reducir el riesgo de irregularidades. Por ello, la decisión de la UNAM de aplicar una evaluación en línea también merece un escrutinio riguroso. Si el modelo tenía vulnerabilidades, la discusión no puede limitarse a responsabilizar a una herramienta tecnológica.

Resulta inevitable preguntarse si esta controversia terminó fortaleciendo una narrativa política que ya había sido anunciada. No existen pruebas públicas de una coordinación entre el gobierno y la UNAM, pero sí una secuencia de hechos que justifica el debate y exige transparencia.

La inteligencia artificial no toma decisiones ni hace trampa por sí sola; quienes deciden hacerlo son las personas. Cuando un sistema de evaluación falla, la responsabilidad también alcanza a quienes lo diseñaron, lo autorizaron y garantizaron su confiabilidad.

México necesita discutir seriamente el impacto de la inteligencia artificial, pero con evidencia y no con pretextos. Porque si cada falla institucional termina atribuyéndose a la tecnología, el riesgo es que la IA deje de ser una herramienta para convertirse en el argumento perfecto para justificar errores, impulsar nuevas regulaciones y desviar la atención de las verdaderas responsabilidades.