El fallo contra Noroña golpea el discurso feminista de Morena

La resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán contra Gerardo Fernández Noroña trasciende la sanción individual. Es un golpe directo al discurso de Morena, un partido que ha hecho de la igualdad de género una de sus principales banderas, pero que hoy debe explicar por qué uno de sus cuadros más visibles fue declarado responsable de ejercer violencia política contra una mujer.

El 7 de julio de 2026, el Tribunal Electoral resolvió por unanimidad que Noroña incurrió en violencia política en razón de género contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz. Los magistrados concluyeron que sus declaraciones no constituyeron una crítica política ordinaria, sino una estrategia para desacreditar su imagen pública y minimizar su liderazgo tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

La reacción del senador no fue reconocer la gravedad del fallo, sino desacreditarlo. "Ahora resulta que uno no puede responderle a una mujer que se dedica a la política", afirmó. Con ello intentó reducir el debate a una supuesta censura contra la libertad de expresión, cuando el fondo del asunto es otro: los derechos políticos no autorizan a utilizar el poder y la influencia para menoscabar la participación de las mujeres en la vida pública.

Nadie pretende convertir a las mujeres en figuras intocables ni impedir el contraste de ideas. La democracia exige debate, cuestionamientos y fiscalización. Pero también exige responsabilidad. Cuando la crítica deja de centrarse en decisiones de gobierno y se convierte en un mecanismo para desacreditar, estigmatizar o deslegitimar a una mujer en función de estereotipos de género, deja de ser un ejercicio democrático para convertirse en una forma de violencia.

Morena enfrenta ahora una prueba de congruencia. Durante años ha condenado el machismo y ha impulsado reformas para combatir la violencia política de género. Si esos principios solo se aplican a los adversarios, pero se relativizan cuando el señalado pertenece al movimiento, el discurso de transformación pierde autoridad moral.

Noroña tiene derecho a impugnar la resolución y serán las instancias federales quienes determinen si el fallo se confirma o se modifica. Sin embargo, el daño político ya está hecho. El mensaje que deja este episodio es contundente: ningún cargo, ninguna investidura y ninguna popularidad deberían colocar a un servidor público por encima de la ley ni convertir la descalificación personal en una herramienta legítima de confrontación política.

La democracia no se fortalece cuando el poder grita más fuerte. Se fortalece cuando todos, incluidos quienes legislan y representan a millones de ciudadanos, aceptan que la libertad de expresión también tiene límites constitucionales y que el respeto a los derechos de las mujeres no puede depender de la conveniencia política del momento.