El "gota a gota" y las redes de poder que operan en Oaxaca

En Oaxaca, ninguna detención de un dirigente gremial puede leerse como un hecho aislado. Detrás de cada captura aparecen nombres, organizaciones, relaciones políticas y estructuras de poder que durante años han ejercido influencia en las calles. La detención de Marco Antonio G.B., alias "El Niño", y Oswaldo J.C., ocurrida el 27 de julio de 2026, obliga precisamente a mirar más allá del parte policiaco. 

De acuerdo con la información oficial, ambos, identificados como integrantes de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal tras un reporte ciudadano. 

Viajaban en un Nissan Sentra gris donde fue localizada una pistola calibre 9 milímetros. Los detenidos, el arma y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Las autoridades investigan su presunta participación en una red de extorsión mediante préstamos bajo la modalidad "gota a gota", una práctica asociada en distintas regiones del país con amenazas, violencia e intimidación. Será la autoridad judicial quien determine si esas imputaciones pueden acreditarse. 

El expediente adquiere una dimensión mucho mayor por el perfil de Marco Antonio. Según diversas crónicas locales, era dirigente de taxistas de la zona oriente de ASAEO, líder de comerciantes de la organización "14 de Junio" y ahijado de Carmen Luján Corres, "Carmela Luján", una de las figuras históricas del comercio informal en la capital oaxaqueña. Incluso, durante el operativo, los policías solicitaron refuerzos ante el riesgo de un intento de rescate por parte de sus agremiados; una circunstancia que refleja la capacidad de movilización que se le atribuía. 

El caso también alcanza inevitablemente el terreno político. Investigaciones de la prensa han vinculado públicamente a la ASAEO con Noé Jara Cruz, hermano del gobernador Salomón Jara Cruz. Esa referencia no constituye prueba de responsabilidad para él ni puede utilizarse para imputarle conducta alguna. Pero sí coloca sobre el gobierno de Morena una exigencia ineludible: garantizar que la investigación se conduzca sin privilegios, sin interferencias y sin proteger a ninguna persona por su cercanía con el poder. 

La pregunta de fondo no es únicamente si dos personas participaron o no en una presunta red de extorsión. La verdadera interrogante es si existen estructuras que, bajo la apariencia de representación gremial, han acumulado tal poder político, económico y territorial que terminan convirtiéndose en espacios opacos, difíciles de supervisar y, eventualmente, vulnerables a la infiltración de intereses ilícitos. 

Si las acusaciones se confirman, el Estado no puede conformarse con detener a dos presuntos operadores; tendrá que desmantelar toda la red y sancionar a quienes la hayan protegido o tolerado. Si no se acreditan, también deberá explicar por qué presentó públicamente un caso de semejante gravedad. 

El gobierno de Morena ha repetido que en Oaxaca no existen intocables. Este caso representa una oportunidad para demostrar que esa promesa no es un eslogan político, sino un compromiso real con el Estado de derecho. Porque la justicia pierde legitimidad cuando se aplica por conveniencia, pero la fortalece cuando alcanza, sin excepciones, a cualquier persona, organización o grupo de poder.