El INE bajo sospecha: Taddei nombra a un exasesor de Morena

El 8 de julio de 2026, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, nombró a Carlos Daniel Luna Rosas como Jefe de Oficina de la Presidencia del Consejo General. 

El nombramiento puede estar respaldado por las nuevas facultades que la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales otorgó a la presidencia del Instituto. Pero la legalidad no elimina el deber de preservar la confianza pública.

Luna Rosas no llega como un perfil ajeno a la política partidista. Fue asesor de Morena en materia electoral, participó en la elaboración de la reforma electoral impulsada por el oficialismo, representó al partido ante autoridades electorales y ocupó un cargo dentro del gobierno federal. Su trayectoria está íntimamente ligada al movimiento que hoy concentra el poder político.

Aquí no está en discusión su capacidad profesional, sino la credibilidad de la institución que ahora ayudará a dirigir. El INE no solo debe ser imparcial; debe proyectar una independencia incuestionable. Cuando un cargo estratégico es ocupado por alguien con un historial de cercanía con el partido gobernante, la percepción de autonomía inevitablemente se debilita.

Morena llegó al poder prometiendo erradicar las viejas prácticas de captura institucional. Durante años denunció que los organismos autónomos estaban infiltrados por intereses políticos y aseguró que construiría instituciones verdaderamente independientes. Sin embargo, decisiones como esta alimentan la impresión de que el problema nunca fue la politización de las instituciones, sino quién las controlaba.

La democracia no se sostiene únicamente con elecciones. También depende de que los ciudadanos confíen en quienes organizan esos procesos. Esa confianza se construye con decisiones prudentes, perfiles que generen consenso y una clara distancia respecto del poder político.

Quizá el nombramiento sea legal. Pero cuando el árbitro electoral incorpora a personas cuya trayectoria está marcada por su cercanía con el partido en el gobierno, la duda deja de ser jurídica y se convierte en política.

Y cuando los ciudadanos empiezan a desconfiar del árbitro, quien pierde no es la oposición ni el oficialismo: pierde la democracia.