Ernesto Ruffo: entre la justicia necesaria y el riesgo de una justicia selectiva

“No pedimos privilegios, pedimos justicia”. Esa frase de Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, resume una de las discusiones más delicadas de cualquier democracia: el combate a la corrupción no puede convertirse en una licencia para vulnerar derechos fundamentales.

Tras la detención del primer gobernador emanado del PAN en la historia de México, ocurrida en julio de 2026, la familia de Ruffo denunció un proceso que calificó como “indigno y humillante”, señalando que el exmandatario, de 74 años, permanece privado de la libertad sin que un juez haya valorado las pruebas en su contra y con restricciones para comunicarse con sus familiares.

La acusación contra Ruffo debe investigarse con rigor. Si existen elementos que acreditan su participación en delitos relacionados con contrabando de combustible u otras conductas ilícitas, debe responder ante la justicia. Ningún cargo público, trayectoria política o reconocimiento histórico puede convertirse en un escudo de impunidad.

Pero precisamente porque México ha sufrido durante décadas la corrupción y la impunidad, también debe exigirse que la justicia sea imparcial, transparente y respetuosa del debido proceso. Un Estado democrático no demuestra su fortaleza castigando antes de juzgar; la demuestra garantizando que incluso los acusados más impopulares tengan derechos.

El caso Ruffo ocurre en un contexto político marcado por la confrontación entre Morena y la oposición. La detención de una figura emblemática del PAN ha sido interpretada por algunos sectores como una señal de que la justicia puede utilizarse para golpear adversarios políticos. El gobierno, por su parte, sostiene que se trata de una investigación ministerial y no de una persecución.

El problema es que la historia reciente de México obliga a desconfiar de todos los discursos triunfalistas. Durante años, gobiernos de distintos partidos han prometido combatir la corrupción mientras las instituciones de procuración de justicia han sido señaladas por actuar con criterios políticos, selectivos o coyunturales.

La verdadera prueba para las autoridades no será detener a un exgobernador; será demostrar ante los tribunales, con pruebas sólidas y un proceso limpio, que la acusación no responde a una revancha política.

Porque una justicia que castiga al adversario pero protege al aliado deja de ser justicia. Y un gobierno que presume combatir la corrupción debe entender que la legalidad no se mide por quién está sentado en el banquillo, sino por si las reglas se aplican igual para todos.

Ernesto Ruffo debe responder si existen pruebas en su contra. Pero también debe recibir las garantías que la Constitución reconoce a cualquier ciudadano. La lucha contra la corrupción no puede construirse sobre la violación del Estado de derecho, porque cuando la justicia se convierte en arma política, mañana puede apuntar contra cualquiera.