Gibrán Ramírez pide desaparecer poderes en Oaxaca tras el asesinato de Alejandro Leyva

La crisis política e institucional de Oaxaca alcanzó un nuevo nivel el 29 de julio de 2026, cuando el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez Reyes, solicitó al Senado analizar la desaparición de poderes en Oaxaca, al argumentar que la entidad enfrenta un grave deterioro en seguridad, justicia y gobernabilidad bajo el gobierno de Salomón Jara Cruz, de Morena.

La petición fue presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y tiene como eje central el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el 22 de julio de 2026 en San Pablo Etla. El crimen contra el columnista de "El Zumbido del Moscardón" generó indignación porque era un comunicador crítico que había denunciado amenazas y riesgos relacionados con sus investigaciones.

Para Ramírez Reyes, el homicidio de Leyva Aguilar no puede verse como un hecho aislado, sino como parte de una crisis más amplia donde, según sus argumentos, el Estado ha fallado en garantizar seguridad a periodistas, activistas y ciudadanos.

El legislador también señaló una acumulación de hechos violentos durante la actual administración estatal, incluyendo asesinatos de autoridades municipales, exfuncionarios, dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, además de cuestionar la capacidad del gobierno para combatir la impunidad.

Uno de los puntos más sensibles del caso es que Alejandro Leyva había documentado conflictos relacionados con tierras, intereses económicos y disputas territoriales en zonas de alto valor ambiental y turístico. Estos señalamientos forman parte del contexto que las autoridades deberán investigar para establecer el móvil del crimen y deslindar responsabilidades.

La solicitud de desaparición de poderes representa una ofensiva política de alto impacto contra el gobierno de Salomón Jara. Más allá de una disputa partidista, plantea un cuestionamiento directo sobre la capacidad de las instituciones estatales para garantizar seguridad, justicia y respeto a los derechos fundamentales.

El gobierno de Oaxaca ha rechazado cualquier señalamiento de responsabilidad y sostiene que corresponde a las fiscalías estatal y federal esclarecer el homicidio. Sin embargo, el asesinato de un periodista crítico volvió a colocar bajo escrutinio la relación entre poder público, libertad de expresión e impunidad.

Para un gobierno que llegó con la promesa de transformación y combate a viejas prácticas políticas, el caso Alejandro Leyva representa una prueba decisiva. La exigencia no sólo es esclarecer un crimen, sino demostrar que en Oaxaca las instituciones funcionan y que nadie está por encima de la ley.

El Senado tendrá la última palabra sobre la solicitud, pero la crisis de confianza ya está instalada. Cuando un periodista es asesinado y la sociedad exige respuestas, la pregunta central es si el gobierno conserva la capacidad y legitimidad para garantizar la seguridad de todos.