La austeridad de Morena y el espejo de la Suprema Corte

La austeridad dejó de ser una convicción para convertirse en un discurso. Y cuando el discurso se enfrenta a los números, las contradicciones salen a la luz.

Durante años, Morena construyó una narrativa contra los supuestos privilegios del Poder Judicial. Sus dirigentes prometieron acabar con los excesos, reducir el gasto y demostrar que era posible gobernar con menos. Lenia Batres ha sido una de las voces más insistentes en esa bandera.

Sin embargo, la información pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación muestra que su ponencia cuenta con 94 plazas. 

Aunque esa estructura no es equiparable a la oficina de la Presidencia que encabezó Norma Piña —porque cumplen funciones distintas—, el dato abre una pregunta que no puede ignorarse: ¿hasta dónde llega la austeridad cuando se administra dinero público?

La respuesta no puede limitarse a decir que todo el personal es necesario. Si ese es el argumento, entonces corresponde demostrarlo con resultados: proyectos resueltos, eficiencia, carga de trabajo y justificación del presupuesto. La transparencia no consiste en pedir confianza; consiste en rendir cuentas.

Lo preocupante no es únicamente el número de plazas. Lo verdaderamente delicado es la distancia entre el discurso y los hechos. No se puede condenar el gasto cuando lo ejercen otros y, al mismo tiempo, esperar que el propio quede fuera del escrutinio público.

La austeridad no admite excepciones políticas. Si fue el criterio para señalar a gobiernos anteriores, también debe ser el criterio para evaluar a quienes hoy ocupan el poder.

México necesita servidores públicos que practiquen la congruencia, no que la administren según la conveniencia del momento. Porque cuando la austeridad se convierte en una herramienta de propaganda y deja de aplicarse con el mismo rasero para todos, pierde toda autoridad moral.

El debate ya no es sobre una ministra en particular. Es sobre la credibilidad de un proyecto político que prometió terminar con los privilegios. Y cuando las cifras parecen contradecir el discurso, la ciudadanía tiene derecho a exigir respuestas, no eslóganes.