La Corte no exoneró a Abelina; Morena quiere vender otra mentira

En México se ha vuelto costumbre que algunos políticos confundan una resolución procesal con una absolución. 

Eso es exactamente lo que ocurrió tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 6 de julio de 2026 sobre el caso de los 898.6 millones de pesos ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco.

Abelina López Rodríguez salió a celebrar como si hubiera sido declarada inocente. Incluso exigió la destitución del auditor superior del estado, insinuando que actuó ilegalmente al exhibir las irregularidades detectadas. Pero la realidad jurídica es muy distinta de la propaganda política.

La Corte nunca dijo que el dinero estuviera correctamente ejercido. Nunca afirmó que no existieran anomalías. Nunca concluyó que la alcaldesa estuviera libre de responsabilidad. 

Lo único que resolvió fue un conflicto de competencias: determinó que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero carecía de facultades para fiscalizar recursos federales y que esa tarea corresponde a la Auditoría Superior de la Federación.

Es decir, el expediente no se cerró; simplemente cambió de escritorio.

La diferencia no es menor. Resolver quién debe investigar no equivale a resolver qué ocurrió con el dinero público. Sin embargo, desde Morena se intenta vender la decisión como una exoneración definitiva, apostando a que la confusión jurídica termine convirtiéndose en una victoria política.

Lo más preocupante es el mensaje que se envía. En lugar de exigir que la Auditoría Superior de la Federación audite hasta el último peso y esclarezca el destino de los recursos, se pretende convertir en villano al servidor público que se atrevió a fiscalizar.

Cuando los auditores son perseguidos y los funcionarios investigados se presentan como víctimas, la rendición de cuentas queda completamente invertida.

La Auditoría Superior de la Federación tiene ahora la responsabilidad de revisar a fondo esos 898.6 millones de pesos y determinar si existieron o no irregularidades. Esa investigación, no una resolución sobre competencias, será la que permita conocer la verdad.

En un Estado de derecho nadie debería temer una auditoría si actuó conforme a la ley. Quien realmente está convencido de su inocencia no busca silenciar a los órganos de fiscalización; exige que investiguen hasta las últimas consecuencias.

Porque la transparencia no se obtiene cambiando de auditor. Se obtiene demostrando, peso por peso, que el dinero del pueblo no terminó sirviendo a intereses políticos o personales.