La nueva justicia de Morena: ¿Rendición de cuentas o sometimiento?

La suspensión de la jueza Lizbeth González Cortés, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Zacatecas, ha abierto un debate que trasciende su caso personal. El 14 de julio de 2026, el Tribunal de Disciplina Judicial —creado tras la reforma impulsada por Morena— decidió separarla del cargo mientras investiga diversas denuncias por presunto acoso laboral, maltrato a trabajadores y otras irregularidades. A ello se sumaron versiones de que habría utilizado inteligencia artificial para elaborar proyectos de sentencia, aunque hasta ahora esa acusación no ha sido acreditada como la causa formal de su suspensión.

Sin embargo, el momento en que ocurre la decisión resulta inevitablemente polémico. Días antes, la jueza había concedido una suspensión provisional relacionada con la venta del Hotel Parador del Issstezac, un asunto de alto impacto político y económico para el gobierno de Zacatecas. La coincidencia alimenta las sospechas de quienes advierten que la nueva estructura disciplinaria podría convertirse en un instrumento para presionar o castigar a juzgadores cuyas resoluciones incomoden al poder.

Si las denuncias laborales son verdaderas, deben investigarse con rigor y, de comprobarse, sancionarse conforme a derecho. Ningún juez puede escudarse en la autonomía judicial para justificar abusos contra su personal. Pero tampoco puede permitirse que un procedimiento disciplinario se convierta en un mecanismo de intimidación política disfrazado de rendición de cuentas.

El señalamiento sobre el uso de inteligencia artificial merece un análisis aparte. La IA puede ser una herramienta útil para organizar información o revisar precedentes, pero nunca debe sustituir el razonamiento jurídico ni la responsabilidad personal del juzgador. Una sentencia no puede convertirse en el producto automático de un algoritmo; exige criterio, independencia y motivación.

La verdadera prueba de la reforma judicial no consiste en suspender jueces, sino en demostrar que las investigaciones son imparciales, transparentes y ajenas a intereses políticos. Si el Tribunal de Disciplina actúa con objetividad, fortalecerá la confianza en la justicia. Si, por el contrario, selecciona a sus objetivos según la conveniencia del poder, confirmará el temor de que la reforma no buscaba depurar al Poder Judicial, sino someterlo.

En un Estado democrático, la disciplina judicial debe servir para proteger la justicia, no para domesticarla. Cuando la sanción coincide con decisiones incómodas para el poder, las explicaciones ya no bastan: la credibilidad se gana con pruebas, legalidad y absoluta independencia.