La UNAM pagó 42 millones y el contrato blindó a Territorium Life

La crisis del primer examen de admisión en línea de la UNAM dejó de ser un problema tecnológico para convertirse en un caso que exhibe una deficiente gestión contractual. Lo que debía ser un proceso innovador terminó marcado por denuncias de filtración de reactivos, presuntas trampas masivas, fallas en los candados de seguridad, cancelación de miles de exámenes y una profunda desconfianza entre los aspirantes.

La Universidad pagó 41 millones 868 mil 156 pesos a Territorium Life para garantizar exactamente lo que terminó cuestionado: la confidencialidad del banco de reactivos, la integridad del examen y la igualdad de condiciones para todos los participantes. Sin embargo, el contrato obtenido vía transparencia revela una cláusula difícil de justificar: aun si se acreditan los incumplimientos, la penalización máxima equivale apenas al 10% del monto contratado, alrededor de 4.18 millones de pesos.

La pregunta es inevitable: ¿cómo un contrato para un servicio tan delicado terminó protegiendo más al proveedor que a la propia Universidad? Si el objetivo era blindar uno de los procesos de admisión más importantes del país, ¿por qué la consecuencia económica de un eventual incumplimiento resulta tan reducida frente al daño ocasionado?

El problema no es únicamente financiero. Miles de jóvenes dedicaron meses o años a prepararse para un examen cuya credibilidad quedó bajo sospecha. Cuando la confianza en un concurso de mérito se rompe, el costo institucional supera cualquier multa. La igualdad de oportunidades, principio fundamental de la educación pública, se ve comprometida cuando existen dudas razonables sobre la seguridad del proceso.

La UNAM abrió una investigación, presentó una denuncia penal por presunto fraude y canceló más de tres mil exámenes por posibles irregularidades. Es un paso necesario, pero insuficiente si no se esclarece también quién diseñó, revisó y autorizó un contrato que limita la responsabilidad económica del proveedor, precisamente en el aspecto más sensible del servicio.

La innovación tecnológica nunca puede convertirse en sinónimo de improvisación ni en un escudo para diluir responsabilidades. La Universidad tiene la obligación de transparentar toda la contratación, deslindar responsabilidades administrativas, civiles y penales, y revisar los criterios con los que adjudica servicios estratégicos.

Porque si un contrato de casi 42 millones de pesos termina permitiendo que el proveedor responda con apenas una décima parte del monto ante un fracaso de esta magnitud, la verdadera falla no está únicamente en la plataforma: también está en las condiciones bajo las cuales se decidió contratarla.