Marina del Pilar y el doble libreto del poder

El 29 de julio de 2026, Marina del Pilar Ávila emprendió una gira por los principales medios nacionales para enfrentar la crisis detonada por los audios filtrados. Habló de una supuesta "emboscada psicológica", responsabilizó al exgobernador Jaime Bonilla, relató que fue amenazada con una posible extradición a Estados Unidos y se presentó como víctima de una operación política diseñada para destruirla.

Pero bastó su regreso a Baja California, el 30 de julio, para que el libreto cambiara. La gobernadora dejó de profundizar en los audios, evitó confrontar públicamente a Bonilla con la misma intensidad y desplazó la polémica hacia su agenda institucional. El contraste fue demasiado evidente para pasar inadvertido.

Ese viraje no es un detalle menor. La credibilidad de un gobernante no se mide por la contundencia de sus declaraciones, sino por la coherencia con la que las sostiene. Si la denuncia era tan grave como para hablar de amenazas, manipulación y una operación política en su contra, lo esperable sería promover investigaciones formales y mantener la misma firmeza frente a los ciudadanos de Baja California. Cuando el discurso cambia según el escenario, también cambia la percepción sobre su autenticidad.

La comunicación política nunca puede sustituir a la rendición de cuentas. Asumir el papel de víctima puede generar empatía, pero no responde las preguntas esenciales: ¿qué revelan realmente los audios?, ¿por qué fueron grabados?, ¿qué responsabilidades políticas o legales existen?, ¿qué acciones concretas se han emprendido para esclarecer los hechos? Sin respuestas verificables, cualquier narrativa corre el riesgo de convertirse en una estrategia de control de daños.

La confrontación entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla dejó de ser una disputa personal hace tiempo. Hoy representa un conflicto que erosiona la confianza en las instituciones y exhibe las fracturas internas del poder en Baja California. Cuando las diferencias se libran más en entrevistas que en las instancias competentes, quienes terminan pagando el costo son los ciudadanos.

Los gobiernos se fortalecen con transparencia, congruencia y rendición de cuentas, no con relatos que se ajustan al auditorio. Porque cuando el discurso cambia según el micrófono, la política deja de buscar la verdad y comienza a administrar la percepción.