¿"Ministra del pueblo"?. La escena que exhibió a Lenia Batres en la Suprema Corte

La sesión del 8 de julio de 2026 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó una imagen difícil de justificar. Mientras el ministro Giovanni Figueroa Mejía desarrollaba su intervención, la ministra Lenia Batres se levantó de su asiento para conversar con el presidente del tribunal, Hugo Aguilar Ortiz. Más que un gesto de cortesía, la escena proyectó desinterés hacia quien tenía el uso de la palabra y hacia la solemnidad que exige el máximo órgano constitucional del país.

Pero lo más delicado ocurrió instantes después. Al llegar el turno de presentar el proyecto de su propia ponencia, Batres mostró confusión sobre el asunto que debía exponer y tuvo que pedir apoyo para identificar el expediente. La ministra que debía conducir un debate constitucional parecía no tener claro qué iba a presentar.

No se trata de un lapsus cualquiera. En la Suprema Corte no se discuten asuntos menores: ahí se definen los límites del poder, se protegen derechos fundamentales y se interpretan los principios que rigen a toda la República. Cada sesión exige preparación, concentración y respeto absoluto por el trabajo jurisdiccional. Lo ocurrido transmite exactamente lo contrario.

El episodio cobra mayor relevancia porque ocurrió apenas un día después de la controversia provocada por su propuesta de abrir el debate sobre gravar las herencias y aplicar impuestos a recursos de Afores heredados, una postura que incluso fue desautorizada públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum. En menos de 48 horas, Batres pasó de protagonizar un debate político a convertirse en tendencia por una actuación que alimentó las críticas sobre su desempeño como ministra.

Quienes impulsaron su llegada al máximo tribunal sostuvieron que representaría una nueva forma de impartir justicia, cercana al pueblo y alejada de los privilegios. Sin embargo, la legitimidad de un ministro no depende de un eslogan ni de su afinidad política. Se construye con estudio, capacidad técnica, independencia y respeto por la institución.

La Suprema Corte necesita juristas que dominen los expedientes, no funcionarios que improvisen frente a ellos. Porque cuando una ministra parece perder el hilo de la sesión justo antes de defender su propio proyecto, la discusión deja de ser sobre un error individual y se convierte en una pregunta inevitable: ¿están llegando al máximo tribunal los perfiles más preparados o los políticamente más convenientes?

La justicia constitucional no admite distracciones. Mucho menos improvisaciones. Y cuando ambas ocurren en la misma sesión, la credibilidad de la Corte también entra en juego.