Morena pide investigar a la oposición: ¿justicia o armas políticas?

La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, abrió un nuevo frente de batalla política. Morena no tardó en exigir que la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional Electoral investiguen al Partido Acción Nacional (PAN), a "Somos México" y a "Marea Rosa" por un presunto financiamiento relacionado con la red de "huachicol fiscal". La pregunta es inevitable: ¿se busca llegar hasta el fondo de la verdad o convertir una investigación penal en un instrumento de confrontación política?

Si existen indicios sólidos de que recursos provenientes del contrabando de combustibles financiaron partidos, organizaciones o movimientos políticos, la investigación no solo es procedente, sino indispensable. En un Estado de derecho no puede haber intocables, sin importar el color partidista, el cargo o la afinidad ideológica. La ley debe aplicarse con el mismo rigor para aliados y adversarios.

Sin embargo, la exigencia de justicia pierde credibilidad cuando parece selectiva. Morena ha construido gran parte de su discurso sobre el combate frontal a la corrupción, pero también ha enfrentado señalamientos que involucran a integrantes de su propio movimiento. En esos casos, la narrativa suele cambiar: se habla de persecución, campañas mediáticas o montajes. La justicia no puede funcionar con dos varas de medir.

La presunción de inocencia tampoco puede convertirse en una víctima de la disputa política. Solicitar una investigación es legítimo; presentar acusaciones como si fueran sentencias es otra cosa. Confundir sospechas con culpabilidades solo degrada las instituciones y contamina el debate democrático.

El verdadero desafío para la Fiscalía será demostrar que actúa con autonomía y no al ritmo de los intereses del poder. Si hay pruebas, que se presenten ante los tribunales y se castigue a los responsables. Si no las hay, utilizar una carpeta de investigación para golpear políticamente a la oposición sería un abuso incompatible con un sistema democrático.

La lucha contra la corrupción no puede ser una bandera que se agite únicamente cuando conviene. Debe convertirse en un principio permanente, capaz de alcanzar a todos por igual. Porque la justicia deja de ser justicia cuando selecciona a sus destinatarios, y el combate a la impunidad pierde toda legitimidad cuando se transforma en un espectáculo político.