Morena y el nuevo control digital: la batalla contra las amenazas en redes y el riesgo de censurar la crítica

La violencia también migró al mundo digital. Las amenazas dejaron de ser únicamente llamadas, cartas o confrontaciones cara a cara; hoy pueden llegar desde una cuenta anónima, un mensaje privado, una publicación viral o incluso mediante herramientas automatizadas. Frente a esa realidad, la diputada federal de Morena Giselle Yunueen Arellano Ávila presentó el 18 de julio de 2026 una iniciativa para reformar el artículo 282 del Código Penal Federal y castigar las amenazas realizadas por medios digitales.

La propuesta plantea sanciones de tres días hasta un año de prisión, además de multas, para quienes utilicen redes sociales, plataformas digitales, aplicaciones de mensajería o correos electrónicos para intimidar y advertir daños contra la integridad física, psicológica, sexual, patrimonial, el honor o los derechos de una persona.

El planteamiento parte de una realidad innegable: internet no es un territorio sin consecuencias. Una amenaza publicada en línea puede multiplicarse en segundos, afectar la vida familiar y laboral de una víctima y convertirse en el primer paso hacia agresiones más graves. Mujeres, periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos expuestos públicamente han documentado durante años cómo la intimidación digital puede destruir reputaciones, generar miedo y limitar la participación pública.

Pero toda reforma penal que toca la expresión pública exige una vigilancia estricta. El problema no es perseguir amenazas reales; el problema aparece cuando conceptos ambiguos permiten que una herramienta diseñada para proteger termine utilizada para castigar críticas, reclamos ciudadanos o expresiones incómodas contra funcionarios y grupos de poder.

México tiene una larga historia de leyes utilizadas selectivamente. Por eso, cualquier modificación al Código Penal Federal debe establecer límites claros: diferenciar una amenaza concreta de una opinión, una crítica política, una sátira o una manifestación de inconformidad. De lo contrario, el remedio podría convertirse en un nuevo mecanismo de censura.

El Congreso tiene ahora la responsabilidad de discutir una reforma que no sea solamente políticamente atractiva, sino jurídicamente sólida. Combatir la violencia digital es una obligación del Estado, pero también lo es garantizar que la defensa de la seguridad no sea utilizada como excusa para restringir libertades.

La pregunta de fondo no es si las amenazas deben castigarse. La respuesta es evidente: sí. La verdadera pregunta es otra: ¿México construirá una ley para proteger a las víctimas o una herramienta que mañana pueda ser usada contra quienes cuestionen al poder?

Porque en democracia, proteger a las personas y proteger la libertad de expresión no deben ser objetivos enfrentados. El desafío es impedir que, bajo la bandera de combatir el abuso digital, se termine castigando también la voz crítica de los ciudadanos.