Nat Torres reta a Sheinbaum y reabre el debate sobre el voto universal

La controversia entre Claudia Sheinbaum y Nat Torres, terminó exhibiendo un problema más profundo que una simple discusión sobre el voto universal: la creciente dificultad del poder para responder con argumentos a quienes piensan distinto. Cuando desde la tribuna presidencial se emplean calificativos como "antidemocrática", "regresiva", "autoritaria" o "porfirista" para descalificar una opinión, el debate deja de centrarse en las ideas y se traslada a las personas.

La propuesta de Nat Torres de condicionar el voto a un examen de educación cívica puede ser jurídicamente inviable. El sufragio universal es un derecho constitucional que no puede limitarse mediante requisitos no previstos por la Carta Magna. Pero precisamente por eso esa propuesta debía enfrentarse con razones, no con estigmas.

La frase de Torres —"No me van a callar y no me van a intimidar"— cambió el eje de la discusión. El asunto dejó de ser únicamente el voto para convertirse en una reflexión sobre los límites del poder frente a la libertad de expresión. En una democracia, la Presidencia tiene el derecho de responder, pero también la responsabilidad de no utilizar el peso del Estado para exhibir a ciudadanos por sus opiniones.

Una democracia sólida no teme a las ideas equivocadas; las derrota con mejores argumentos. Lo preocupante es cuando la descalificación sustituye al razonamiento y las etiquetas reemplazan al diálogo. Entonces el mensaje deja de ser "estás equivocado" para convertirse en "no deberías pensar así".

Paradójicamente, un gobierno que afirma defender la pluralidad termina alimentando la polarización cuando responde al disenso con calificativos antes que con razones. Esa práctica empobrece la deliberación pública y envía una señal de intolerancia hacia quienes cuestionan la narrativa oficial.

Defender el voto universal es indispensable porque representa una conquista histórica de la democracia mexicana. Pero defender la libertad de expresión también lo es. Ambas garantías pueden y deben coexistir.

El problema nunca ha sido una propuesta polémica. El verdadero riesgo aparece cuando el poder convierte la crítica en un adversario y la diferencia de opiniones en motivo de señalamiento público. Las democracias se fortalecen con argumentos; los gobiernos inseguros recurren a las descalificaciones.