Ni las herencias ni las Afores:Sheinbaum frena la propuesta de Batres

El 9 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum cerró de tajo una de las discusiones fiscales más polémicas de las últimas semanas. Ante la propuesta de la ministra Lenia Batres de gravar las herencias, los legados y los recursos de las Afores entregados a los beneficiarios de un trabajador fallecido, respondió sin rodeos: "No, no estoy de acuerdo con eso."

No fue una diferencia menor. Fue un deslinde público entre dos figuras identificadas con el mismo proyecto político. Mientras Batres defendió que gravar estos recursos contribuiría a la redistribución de la riqueza y ayudaría a combatir la desigualdad, Sheinbaum dejó claro que su gobierno no promoverá nuevos impuestos ni abrirá un debate legislativo en esa dirección.

La controversia nació en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se discutió el tratamiento fiscal de los recursos de las Afores cuando son entregados a los beneficiarios de un trabajador fallecido. El proyecto analizado no alcanzó el respaldo de la mayoría de los ministros y fue rechazado, por lo que el asunto deberá resolverse mediante un nuevo proyecto. Sin embargo, el debate trascendió el ámbito jurídico y abrió una discusión política sobre los límites de la política fiscal.

Las Afores representan el ahorro construido durante décadas de trabajo. Son recursos integrados con el salario del trabajador y destinados a garantizar su retiro o, en caso de fallecimiento, brindar respaldo económico a su familia. Convertir ese patrimonio en una nueva fuente de recaudación plantea una pregunta de fondo: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en su búsqueda de ingresos?

Es cierto que varios países aplican impuestos a las herencias. Pero también cuentan con estructuras fiscales, niveles de ingreso y sistemas de protección social muy distintos a los de México. Importar un modelo tributario sin considerar esas diferencias puede generar más incertidumbre que justicia.

La respuesta de Sheinbaum también envía un mensaje político: no toda propuesta surgida desde la llamada Cuarta Transformación se convierte automáticamente en política de Estado. La discrepancia exhibe que dentro del oficialismo existen visiones distintas sobre la relación entre justicia social, propiedad privada y potestad tributaria.

Combatir la desigualdad es una obligación del Estado. Pero ese objetivo debe alcanzarse fortaleciendo el crecimiento económico, mejorando la calidad del gasto público y combatiendo la evasión y la corrupción, no sembrando dudas sobre el destino del patrimonio que millones de mexicanos construyen con el esfuerzo de toda una vida.