Prueba de vida: el nuevo control sobre los usuarios de telefonía en México

El 30 de junio de 2026, el Diario Oficial de la Federación publicó los nuevos Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, que incorporan un requisito que ha encendido el debate: la llamada "prueba de vida". A partir de este mecanismo, quienes registren su línea celular deberán acreditar, mediante reconocimiento facial u otro procedimiento biométrico, que realmente son los titulares del número.

La medida forma parte del registro obligatorio de líneas móviles, vigente desde el 9 de enero de 2026. El argumento oficial es combatir la extorsión, el fraude y el uso de teléfonos por parte de la delincuencia. El objetivo puede parecer legítimo. Sin embargo, la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en la recolección de datos biométricos de millones de ciudadanos sin comprometer su privacidad?

México arrastra un historial de filtraciones de bases de datos tanto gubernamentales como privadas. En ese contexto, exigir información biométrica representa un riesgo que no puede minimizarse. Una contraseña puede cambiarse; un rostro o una huella digital no. Si esa información es vulnerada, el daño puede ser permanente.

Además, quienes no completen el registro dentro de los plazos establecidos podrán enfrentar la suspensión de su línea telefónica hasta cumplir con el trámite. En los hechos, el acceso a un servicio esencial queda condicionado a la entrega y validación de datos biométricos.

La seguridad pública no puede construirse a costa de los derechos fundamentales. Combatir al crimen requiere inteligencia, investigación y fortalecimiento institucional, no convertir a millones de ciudadanos en sujetos de verificación biométrica permanente.

La discusión no debe centrarse únicamente en si la tecnología funciona. La verdadera pregunta es quién custodiará esos datos, qué controles impedirán su uso indebido y qué garantías reales existen para evitar abusos. Porque cuando el Estado amplía su capacidad para identificar y vigilar a la población, la transparencia y la rendición de cuentas dejan de ser opcionales: se vuelven indispensables.

Este enfoque es crítico, pero se mantiene sustentado en los hechos conocidos y evita afirmar que la medida tenga fines distintos a los oficialmente establecidos sin evidencia.