¡Que regrese el examen presencial! La crisis que la UNAM ya no puede ignorar

La decisión de la UNAM de aplicar por primera vez un examen de ingreso a licenciatura completamente en línea prometía modernizar el proceso de admisión. Sin embargo, semanas después, el debate ya no gira en torno a la innovación, sino a la credibilidad del sistema.

Tras la publicación de los resultados el 17 de julio de 2026, miles de aspirantes comenzaron a denunciar en redes sociales presuntas irregularidades, puntajes atípicos y posibles casos de fraude mediante inteligencia artificial o apoyo externo. La inconformidad creció hasta convertirse en una convocatoria para una marcha pacífica el próximo 27 de julio, bajo una consigna contundente: "¡Que regrese el examen presencial!"

La molestia no nació de un simple rechazo a la tecnología. Surgió porque, cuando el acceso a la universidad depende de un solo examen, cualquier duda sobre su integridad pone en entredicho el principio de igualdad de oportunidades. Si algunos pudieron burlar los controles tecnológicos mientras otros respetaron las reglas, el problema deja de ser técnico para convertirse en un asunto de justicia.

La propia UNAM reconoció desde principios de julio que detectó irregularidades y presentó denuncias penales. Sin embargo, también sostiene que no existe evidencia de un fraude generalizado que justifique anular el proceso. Esa postura puede ser jurídicamente prudente, pero resulta insuficiente para una comunidad que exige respuestas claras y verificables.

La discusión tampoco puede reducirse a culpar a la inteligencia artificial. La IA no decide copiar; quien decide hacerlo es la persona que la utiliza para obtener una ventaja indebida. El verdadero desafío consiste en diseñar mecanismos de evaluación capaces de preservar la equidad sin renunciar a la innovación.

Pero tampoco basta con pedir confianza. En instituciones como la UNAM, la legitimidad no se impone por decreto: se construye con transparencia. Si miles de aspirantes cuestionan el proceso, la respuesta no puede limitarse a defender el modelo; debe incluir auditorías independientes, explicaciones técnicas y, si las investigaciones lo ameritan, sanciones ejemplares.

La marcha convocada para el 27 de julio refleja algo más profundo que el descontento de quienes no obtuvieron un lugar. Expresa la preocupación de una generación que teme que el mérito haya sido desplazado por la capacidad de hacer trampa. Y cuando la confianza en el examen desaparece, también se debilita la confianza en la institución que lo aplica.

La tecnología puede modernizar la educación, pero jamás sustituirá el principio que da legitimidad a cualquier proceso de selección: que todos compitan bajo las mismas reglas y con las mismas oportunidades. Sin esa certeza, ningún examen, por sofisticado que sea, podrá llamarse justo.