¿Quién mató a Alejandro Leyva? La pregunta que persigue al gobierno de Salomón Jara

El 22 de julio de 2026, Oaxaca perdió a una de sus voces más incómodas. El periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a plena luz del día mientras desayunaba en San Pablo Etla. Dos días después, el 24 de julio, durante la conferencia del gobernador Salomón Jara Cruz, una periodista rompió el protocolo y expresó lo que muchos ya comentaban fuera del recinto: "La sociedad lo sabe y estamos convencidos de que el asesinato de Alejandro viene de aquí, viene del gobierno de Oaxaca, viene de este aparato". La respuesta de Jara fue inmediata: rechazó tajantemente la acusación y afirmó que su administración no tiene ninguna relación con el crimen.

Pero el problema no es únicamente lo que dijo la periodista. El verdadero problema es por qué una acusación de ese tamaño resulta creíble para una parte de la sociedad. Esa desconfianza no nació con el asesinato de Alejandro Leyva; es consecuencia de años de violencia, impunidad, asesinatos de autoridades, conflictos sociales, denuncias de corrupción, nepotismo y un creciente deterioro de la seguridad pública en Oaxaca.

Alejandro Leyva no era un periodista neutral frente al poder. Fue uno de los críticos más severos del gobierno estatal. Meses antes de su asesinato dejó un mensaje en el que responsabilizaba políticamente, si algo le ocurría, al propio Salomón Jara y a integrantes de su gabinete. Horas antes de ser ejecutado volvió a publicar fuertes cuestionamientos contra personajes cercanos al poder. Ese contexto convierte su homicidio en un asunto de enorme interés público.

La Fiscalía General de la República atrajo la investigación, una decisión que refleja la trascendencia del caso y la necesidad de que las pesquisas se desarrollen con independencia. Corresponde a la autoridad determinar quién ordenó y ejecutó el crimen. Hasta ahora no existe una resolución oficial que vincule al gobierno estatal con el asesinato.

Sin embargo, en política no basta con negar; también hay que generar confianza. Cuando un periodista crítico es asesinado y la sospecha pública apunta al poder, el daño institucional ya está hecho. La exigencia hoy no es un discurso de deslinde, sino una investigación exhaustiva, transparente y sin privilegios para nadie.

Porque cuando las balas silencian a un periodista, no solo se intenta matar a una persona. También se pone a prueba la credibilidad del Estado y la fortaleza de la democracia. Y esa prueba, en Oaxaca, todavía está lejos de ser superada.