Salomón Jara se niega a pedir licencia tras el asesinato de Alejandro Leyva

El 24 de julio de 2026, apenas dos días después del asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó la posibilidad de solicitar licencia mientras se investiga el crimen. Afirmó que no tiene nada que ocultar, que está dispuesto a declarar ante las autoridades y que no existe ningún elemento que lo vincule con el homicidio. Jurídicamente, tiene derecho a sostener esa postura. Políticamente, el debate apenas comienza.

La exigencia de una licencia no constituye una declaración de culpabilidad. Es una demanda de confianza pública. Cuando un periodista crítico es asesinado después de denunciar al poder y advertir sobre los riesgos que enfrentaba, el estándar democrático no debería ser únicamente la presunción de inocencia del gobernante, sino la máxima transparencia del Estado.

El problema no radica solamente en quién apretó el gatillo. También importa el contexto. Alejandro Leyva mantuvo durante años una línea editorial incómoda para el gobierno estatal. Criticó decisiones, denunció presuntas irregularidades y cuestionó directamente a la administración de Salomón Jara. Su asesinato convirtió esas críticas en un asunto de interés nacional y colocó al gobierno bajo un inevitable escrutinio.

La negativa del gobernador a separarse temporalmente del cargo transmite un mensaje complejo. Aunque la investigación corresponda a las fiscalías, el Ejecutivo conserva un enorme peso político e institucional en el estado. En casos de esta magnitud, no basta con afirmar que habrá justicia; es indispensable demostrar que ninguna estructura de poder podrá influir, directa o indirectamente, en las investigaciones.

La atracción o participación de la Fiscalía General de la República representa un paso importante, pero no suficiente. La credibilidad no se construye con conferencias de prensa ni con descalificaciones a quienes exigen respuestas. Se construye con investigaciones independientes, resultados verificables y castigo para todos los responsables, materiales e intelectuales.

El asesinato de Alejandro Leyva no puede reducirse a una disputa política ni convertirse en un intercambio de declaraciones. Es una prueba para las instituciones y para el gobierno de Oaxaca. Si la verdad se esclarece sin interferencias, la justicia hablará por sí sola. Pero si el caso termina atrapado entre intereses políticos, el mayor daño no será únicamente para la libertad de prensa, sino para la confianza ciudadana en el Estado de derecho.

Porque cuando un periodista es asesinado y las dudas recaen sobre el entorno del poder, la obligación de quien gobierna no es exigir confianza: es ganársela con hechos.