Salomón Jara y la ruta de la evasión ante el reclamo de justicia por Alejandro Leyva
El 28 de julio de 2026, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, confirmó que modificó su recorrido durante la "Calenda de las Culturas de la Guelaguetza" para evitar encontrarse con los familiares del periodista asesinado Francisco Alejandro Leyva Aguilar.
“Venía yo en la calenda y para no llegar a la provocación, di la vuelta y me incorporé más adelante”, declaró el mandatario al ser cuestionado sobre su ausencia frente a la protesta realizada durante el "Desfile de Delegaciones de la Guelaguetza", el pasado 26 de julio.
La frase revela un problema político de fondo: cuando una familia exige justicia por el asesinato de un periodista, el poder no debería interpretar su reclamo como una provocación, sino como una exigencia legítima de verdad y respuesta institucional.
Los familiares de Alejandro Leyva acudieron a la máxima fiesta de Oaxaca para exigir justicia por el crimen ocurrido el 22 de julio en San Pablo Etla. Sin embargo, denunciaron que fueron rodeados por un grupo de civiles, algunos encapuchados, que intentó impedir que su protesta fuera visible ante la ciudadanía y las autoridades.
La familia señaló actos de intimidación y pidió que se investigue quién estuvo detrás del encapsulamiento. Ante la presión pública, Jara Cruz aseguró desconocer quién ordenó esas acciones y anunció una investigación para identificar a los responsables, además de ofrecer una disculpa si existió una actuación irregular.
Pero el episodio deja una pregunta incómoda para el gobierno estatal: ¿por qué una familia que reclama justicia tuvo que enfrentar obstáculos para ejercer su derecho a manifestarse?
La imagen de un gobernador que cambia de ruta para evitar a los familiares de una víctima golpea el discurso de cercanía con el pueblo que sostiene la llamada Cuarta Transformación. Un gobierno se demuestra no sólo con discursos, sino con la capacidad de escuchar incluso los reclamos más difíciles.
La Guelaguetza 2026 quedará marcada por una escena que trasciende la fiesta cultural: una familia buscando justicia y un poder político intentando evitar el encuentro.
La investigación anunciada será la prueba para saber si existe voluntad real de esclarecer quién intimidó a los manifestantes y garantizar que el asesinato de Alejandro Leyva no quede en la impunidad.
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