Sheinbaum exhibe a su propio gobierno: cuando el "sentido común" choca con la ley ambiental

El 16 de julio de 2026, durante un recorrido por el "Parque Nacional del Jaguar", en Tulum, Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum reprendió públicamente al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Pedro Álvarez Icaza Longoria. La frase que marcó el momento fue contundente:

“Hay que gobernar con sentido común y para la gente… No cumplas con la norma; eso es lo que te estoy diciendo”, al exigir una solución inmediata para los prestadores de servicios turísticos afectados por el plan de manejo del parque.

El episodio dejó al descubierto una contradicción difícil de ignorar. El mismo gobierno que presume gobernar bajo el Estado de derecho terminó cuestionando, desde la Presidencia, la aplicación de una norma creada por el propio Estado. Si las reglas ambientales son injustas o están desfasadas, corresponde modificarlas mediante los procedimientos legales, no ordenar que se dejen de cumplir.

La molestia de Sheinbaum tiene una explicación política. Los habitantes y prestadores de servicios denunciaron que la Conanp clasificó como "zona de recuperación" espacios donde desde hace años existen actividades turísticas autorizadas o toleradas por distintas administraciones. Es evidente que la burocracia ambiental no supo conciliar la conservación con la realidad social, generando incertidumbre económica y conflictos innecesarios.

Sin embargo, la respuesta presidencial también abre un debate delicado. ¿Qué mensaje recibe el resto del aparato gubernamental cuando la máxima autoridad del país afirma que una norma puede ignorarse en nombre del "sentido común"? Mañana otro funcionario podría justificar cualquier decisión arbitraria utilizando exactamente el mismo argumento.

El problema de fondo no es el sentido común; es la incapacidad del Estado para diseñar reglas coherentes y aplicarlas con justicia. Cuando la ley se convierte en obstáculo para resolver problemas reales, la solución no es desacatarla, sino corregirla. De lo contrario, se sustituye la certeza jurídica por la discrecionalidad del gobernante en turno.

La escena en Tulum también evidenció las fracturas dentro de la propia administración federal. Una Presidenta corrigiendo públicamente a uno de sus funcionarios transmite la imagen de un gobierno que no logra coordinar a sus instituciones y que reacciona solo cuando el conflicto estalla frente a las cámaras.

Gobernar con sentido común es indispensable. Pero gobernar también exige respetar la legalidad. Porque cuando el criterio personal queda por encima de las normas, el riesgo es que el Estado de derecho termine dependiendo del humor, la presión política o la conveniencia del momento. Y ningún país puede aspirar a la justicia si las leyes dejan de aplicarse cuando resultan incómodas.