¿Transformación o impunidad? El caso Nancy Nápoles sacude el discurso anticorrupción de Morena

El 9 de julio de 2026 quedó marcado por una resolución que vuelve a poner bajo la lupa el discurso anticorrupción de Morena. Ese día, la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, fue vinculada a proceso por el presunto delito de secuestro simulado y, en la misma audiencia, obtuvo la suspensión condicional del proceso, una figura jurídica que le permite continuar en libertad y permanecer en el cargo mientras cumple las condiciones impuestas por el juez.

La Fiscalía del Estado de México sostiene que el supuesto secuestro ocurrido el 31 de mayo de 2026, habría sido un montaje en el que estarían involucradas otras personas y, que habría tenido como objetivo justificar un presunto faltante de 40 millones de pesos en las finanzas municipales. La alcaldesa ha rechazado las acusaciones y sostiene que fue víctima de un delito, por lo que será en los tribunales donde deberá definirse la responsabilidad o inocencia.

Pero más allá del expediente penal existe una pregunta política inevitable: ¿qué mensaje recibe la ciudadanía cuando una autoridad señalada por hechos de esta gravedad puede seguir gobernando mientras enfrenta un proceso judicial?

Morena llegó al poder prometiendo que nadie estaría por encima de la ley, que la corrupción sería combatida, sin importar colores partidistas y que se acabarían los privilegios de la clase política. Sin embargo, cada caso que involucra a funcionarios emanados de sus filas pone a prueba esa promesa de transformación.

La defensa del debido proceso es indispensable en cualquier democracia. Nadie debe ser condenado sin una sentencia. Pero la presunción de inocencia no puede convertirse en una excusa para ignorar la responsabilidad política que tienen quienes manejan recursos públicos y representan a los ciudadanos.

El problema no es únicamente jurídico; es de confianza pública. Un gobierno que hizo de la honestidad su bandera debe ser el primero en exigir explicaciones, transparencia y consecuencias cuando existen señalamientos contra sus propios integrantes.

La verdadera lucha contra la corrupción no se mide por discursos ni por consignas. Se mide cuando las instituciones actúan con la misma firmeza frente a aliados y adversarios; cuando el poder no funciona como escudo y cuando ningún partido utiliza la defensa de sus cuadros como sustituto de la rendición de cuentas.

El caso Nancy Nápoles será resuelto por las autoridades judiciales, pero la responsabilidad política ya está sobre la mesa. Porque cuando la ciudadanía percibe que la justicia puede ser negociable dependiendo de quién ocupa el cargo, la promesa de transformación pierde credibilidad y la sombra de la impunidad vuelve a crecer.