Sheinbaum ofrece una universidad distinta a quienes soñaban con la UNAM

El 1 de agosto de 2026, en medio del escándalo por las irregularidades detectadas en el proceso de admisión de la UNAM, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los aspirantes que finalmente no sean admitidos, podrán continuar sus estudios en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. La intención fue enviar un mensaje de tranquilidad: que ningún joven se quede sin estudiar.

Pero una cosa es garantizar un espacio en la educación superior y otra muy distinta garantizar el derecho a estudiar la profesión que cada estudiante eligió.

La crisis de la UNAM no nació por falta de universidades. Surgió por un proceso de admisión puesto en duda por presuntas filtraciones, uso indebido de inteligencia artificial y fallas en los mecanismos de control. Miles de jóvenes dedicaron meses —e incluso años— a prepararse para competir por un lugar en carreras como Medicina, Derecho, Ingeniería, Arquitectura o Química. Hoy, en lugar de certezas, reciben una alternativa que no responde necesariamente a su proyecto de vida.

La Universidad Nacional Rosario Castellanos cumple una función importante en la ampliación de la cobertura educativa y merece reconocimiento por ello. Sin embargo, no cuenta con la misma oferta académica que la UNAM. Muchas de las licenciaturas más demandadas simplemente no existen ahí. Por eso, presentar esta opción como solución general equivale a ignorar que la vocación profesional no puede sustituirse por decreto.

El fondo del problema no es dónde sentar a los estudiantes, sino cómo reparar un proceso cuya credibilidad quedó comprometida. Si las irregularidades afectaron el ingreso a la máxima casa de estudios, la prioridad debería ser esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y garantizar que ningún aspirante vea truncado su futuro por fallas institucionales.

El gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que "primero los jóvenes". Esa consigna debe traducirse en hechos, no solo en anuncios. Porque el derecho a la educación superior no consiste únicamente en abrir un pupitre; consiste en garantizar que cada estudiante pueda competir en condiciones de igualdad por la carrera que eligió, no por la que el Estado tenga disponible.

Cuando una solución obliga a renunciar a la vocación, deja de ser una solución completa. Y mientras esa diferencia no se reconozca, la crisis de la UNAM seguirá siendo mucho más profunda que un simple problema de admisión.