FUNDACIÓN TINUNJEI, AC

La elección de Raymundo Chagoya Villanueva como presidente municipal de Oaxaca de Juárez no fue un triunfo del talento político ni de una campaña brillante. Fue, más bien, el resultado de un voto de hartazgo de una ciudadanía cansada de promesas vacías y de un gobierno que no supo escuchar ni trabajar. Chagoya Villanueva, abogado de profesión y notario público número 125 del Estado de Oaxaca, pertenece a una familia bien posicionada en los círculos jurídicos del estado. Su madre, Patricia Villanueva Abraján, es notaria pública número 124 y figura reconocida por su paso en la Fiscalía General del Estado. No es, por tanto, un político de trayectoria, sino un representante de las élites jurídicas que han tenido históricamente peso e influencia en las decisiones públicas oaxaqueñas. Durante su campaña, Chagoya contó con el respaldo político de Noé Jara Cruz, actual secretario del Ayuntamiento y hermano del gobernador Salomón Jara Cruz, ambos militantes de Morena. A pesar de que su candidat...

Cada temporada festiva o vacacional, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez repite una práctica tan vieja como injusta: llenar el Centro Histórico de carpas, puestos y comerciantes ambulantes, repartiendo los espacios entre las organizaciones con las que mantiene acuerdos políticos y económicos. El resultado es visible: el Centro Histórico luce saturado de ambulantes, ocupando calles, banquetas, portales, parques, plazas y demás zonas estratégicas, mientras el gobierno municipal presume que prohíbe el comercio informal. Días antes de cada evento importante, los líderes de las organizaciones de ambulantes acuden al municipio para negociar cuántos lugares recibirán. A cambio, pagan cuotas y sellan acuerdos que se renuevan año tras año. Cuando llega la fecha, el Ayuntamiento reparte los espacios más codiciados, cobra a los beneficiarios y permite que los dirigentes impongan su propia tarifa adicional.  Así, el comercio ambulante en Oaxaca se mantiene como un sistema de control político y...

El 1 de diciembre de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 66/22, mediante la cual decidió levantar la medida cautelar MC-197-10, otorgada desde el 7 de octubre de 2010 a favor de 135 indígenas desplazados triquis de San Juan Copala, municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, México, víctimas de violencia paramilitar, desplazamiento forzado y abandono institucional.  La decisión, adoptada bajo el argumento de que "las condiciones de riesgo habían disminuido" y que el Estado mexicano ofrecía supuestas garantías de seguridad, constituyó un grave error jurídico y humanitario, ya que ignoró la realidad de las víctimas y dejó sin protección internacional a una población indígena que sigue viviendo bajo represión, pobreza extrema, exclusión y persecución política. Apenas unas horas después del levantamiento de la medida, en la madrugada del 2 de diciembre de 2022, el gobierno estatal encabezado por Salomón Jara Cruz y el ayuntamiento de Oa...

Después del violento desalojo del 2 de diciembre de 2022, los indígenas desplazados triquis de San Juan Copala volvieron a quedar en el desamparo. Esa madrugada, el gobierno de Salomón Jara Cruz y el ayuntamiento encabezado por Francisco Martínez Neri, ambos del partido Morena, ordenaron el operativo que los expulsó del zócalo de Oaxaca, destruyendo sus campamentos y arrebatándoles lo poco que tenían: sus artesanías, su trabajo, su esperanza y una parte de su identidad cultural. Sin más que su fuerza y su dignidad, las familias desplazadas tuvieron que empezar de nuevo. Con el paso del tiempo, fueron elaborando otra vez sus tejidos, bordados y demás artesanías, con la esperanza de venderlos en el centro histórico. Pero el mismo gobierno que los desalojó también les cerró las calles y los persiguió. Los inspectores municipales, bajo las órdenes de Martínez Neri, no les permitían vender. Les quitaban sus artesanías a la fuerza, las decomisaban sin devolverlas y los agredían con golpes, i...

I. Introducción. La Resolución 66/22, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 1 de diciembre de 2022, determinó levantar la medida cautelar MC-197-10, otorgada desde el 7 de octubre de 2010 a favor de 135  habitantes de San Juan Copala, Juxtlahuaca, Oaxaca, México. Dicha resolución constituye un grave retroceso en la protección internacional de los derechos humanos y una ruptura con los principios que inspiran el Sistema Interamericano. Durante más de doce años, esta medida fue la única salvaguarda internacional que reconoció la situación de extrema vulnerabilidad, riesgo y desprotección de las víctimas desplazadas frente a la violencia paramilitar y el abandono del Estado mexicano. Su levantamiento, sin una evaluación exhaustiva, contextual ni participativa, representa una negación del principio de continuidad en la protección y una falta grave de la CIDH hacia los pueblos indígenas de México. La resolución no sólo revela deficiencias procedimentales y...

Desde 2010, los indígenas triquis de San Juan Copala, Oaxaca, viven desplazados por la violencia paramilitar y por la indiferencia del Estado mexicano. Ha pasado más de una década sin justicia, sin reparación, sin reubicación, sin retorno y sin la protección que se les prometió. Durante este tiempo, tres gobiernos federales conocieron su tragedia y la ignoraron. Felipe Calderón Hinojosa, del PAN, los vio huir y no intervino. Enrique Peña Nieto, del PRI, los dejó en el olvido. Y Andrés Manuel López Obrador, de Morena, quien prometió atender las causas de la violencia y el abandono, nunca los escuchó directamente. Ninguno de ellos garantizó lo más básico: el derecho a vivir con dignidad en su propio territorio. Hoy, los desplazados vuelven la mirada hacia la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, también del partido Morena, con la esperanza de que su gobierno sea distinto. Sin embargo, hasta ahora no ha habido señales claras de atención ni acciones concretas para resolver su situació...

Durante más de una década, los indígenas desplazados triquis de San Juan Copala esperaron que la justicia internacional hiciera lo que el Estado mexicano nunca hizo: proteger sus vidas, su integridad física, sus derechos humanos y su dignidad; reconocer su sufrimiento y su dolor, y garantizar una reubicación digna y un retorno seguro a su comunidad.  El 1 de diciembre de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió levantar la medida cautelar MC-197-10, dictada el 7 de octubre de 2010 mediante la Resolución 66/22, que había sido otorgada a 135 habitantes de San Juan Copala, víctimas de la violencia paramilitar. Con esa resolución, la CIDH cerró la única puerta de protección internacional que quedaba abierta para un pueblo que ha sobrevivido más de una década en el exilio interno, entre la miseria, el miedo y el abandono.  El argumento oficial fue que "ya no existían las condiciones iniciales de riesgo". Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario: e...